La gran empresa ve posible crear 2,3 millones de empleos en cuatro años
Todo el mundo dice que hay que reducir el paro, pero nadie dice cómo”, se quejaba ayer el presidente de Telefónica, César Alierta. Por ello, 15 de las mayores empresas españolas, además del Instituto de la Empresa Familiar, que conforman el Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC) –también presidido por César Alierta– presentaron ayer un amplio estudio indicando las reformas necesarias en España en el corto plazo para lograr crear 2,3 millones de nuevos empleos y reducir con ello la tasa de paro del actual 23,6% al 14,2% en 2018, contando solo con cuatro ejercicios económicos.
El desglose de este recorte de diez puntos en la tasa de paro es el siguientes: 4,2 puntos por cambios en elmarco institucional y en el aumento del tamaño de las empresas; 1,9 puntos por mejoras en la economía del conocimiento y la energía; 0,9 puntos por el aumento de la excelencia educativa; y 3,3 puntos por la recuperación económica en general.
Pero, ¿cuáles son las reformas “factibles, viables y realistas” que proponen para ello? La primera de ellas tiene que ver con cambios en elmarco institucional y el aumento del tamaño de las empresas. En concreto, proponen “eliminar las barreras legales (laborales, regulatorias y fiscales) que tienen las compañías a la hora de aumentar su volumen de negocio, así como facilitar las condiciones financieras para realizar fusiones y adquisiciones”. El objetivo del CEC con ello es duplicar las empresas de más de 250 trabajadores (que son apenas 3.800 de los tres millones de empresas que existen) y aumentar un 60% las medianas que emplean entre 50 y 250 asalariados (actualmente unas 24.000). Esto generaría, según sus cálculos, 400.000 nuevos empleos en los próximos cuatro años. Este aumento del tamaño empresarial facilitará que más empresas exporten.
En concreto, sus planes son aumentar en 35.000 el número de empresas que venden regularmente fuera de España, lo que implicaría otros 700.000 nuevos puestos de trabajo. Y todo ello, “haría a España un 15% más productiva”. A estas medidas se deberían sumar diversos cambios en el marco regulatorio relacionados con las cargas administrativas para crear una empresa o las trabas autonómicas y locales a que España funcione como un mercado único. En este terreno, Alierta fijó como reto irrenunciable que España pase del actual puesto 52 en el ranking de facilidades para los negocios a un puesto entre los 10 o 20 primeros del mundo. Todo ello reduciría la tasa de paro 4,2 puntos.
Ajuste fiscal de 30.000 millones
En segundo lugar, para conseguir los 3,3 puntos de recorte provenientes del ciclo económico, este debe acompañarse de “un ajuste fiscal creíble y sin riesgos en la ejecución”, según este informe. Concretamente, las grandes empresas reclaman que “a partir de ahora se cumpla o incluso sobrecumpla” la senda fiscal prevista para que la deuda no supere el 100% del PIB.
Para ello, serían necesarias “al menos, medidas adicionales permanentes” que supondrían ajustes por valor de unos 30.000 millones de euros hasta 2018. Estos deberán “recaer en mayor medida en recortes en el gasto frente a un incremento de ingresos”. Así,destacan sus propuestas de ajustes de gastos en personal por 5.000 millones; fusión de ayuntamientos, que ahorraría otros 6.000 millones o medidas de reestructuración de todo el sector público que podrían significar hasta 17.500 millones menos de gasto.
Para lograr la reducción de la deuda, a estos ajustes debería añadirse la necesidad de privatizar activos públicos por valor de unos 35.000 millones de euros. Con el fin de obtener los otros 1,9 puntos de recorte del paro atribuibles a la mejora del conocimiento y la energía, proponen aumentar el actual 1,3% del PIB que se destina a I+D al 3%. Este aumento deberá provenir, almenos en sus dos terceras partes de la inversión privada (que actualmente es del 55%). Asimismo, apuestan por aumentar considerablemente la inversión de intangibles (información digitalizada; I+D y nuevos productos; marca etc.).
En cuanto a las inversiones energéticas, creen que se requerirá destinar 18.000 millones en cuatro años a eliminar de las tarifas los costes no relacionados con la producción y distribución de energía y repartir entre todos los sectores la carga fiscal del cumplimiento de los objetivos medioambientales, entre otras cosas. En cuanto a la mejora de la excelencia educativa, el CEC reclama una reforma que ligue las remuneraciones de los profesores a objetivos; y se cree, entre otras cosas, un “programa de vales/cheques” para escuelas tanto públicas como privadas, según el cual “competirían por los recursos que proveen las Administraciones públicas”.
