Rueda de prensa tras el consejo de ministros

Santamaría sobre Aena: “Es un problema contractual que se ha decidido solventar”

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya, Sáenz de Santamaría, ha asegurado que la salida a Bolsa de Aena ha sido retrasada para cumplir con la normativa de contratación pública. "En el análisis y control de los órganos, se pone que puede haber un problema contractual que se ha decidido solventar. La adjudicación de esa tarea debe ser conforme a la ley de contratos y en el más absoluto respeto a la legalidad", ha explicado en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros. 

Santamaría se refiere a la exigencia, por parte del Ejecutivo, de una convocatoria pública para elegir al auditor que elaborará el documento requerido por los bancos colocadores para llevar a cabo la OPV. Este documento, denominado comfort letter, valida la información financiera del folleto.

Al hilo de las informaciones sobre un enfrentamiento en el seno del Ejecutivo a cuenta de esta operación, Santamaría ha asegurado que el Gobierno ha decidido ser totalmente transparente en el proceso "y en esto todos los ministerios estamos de acuerdo". No obstante, también ha comentado que “el proceso de la Bolsa ha partido de la propia entidad".

Además, el Gobierno ha acordado este viernes en su reunión del Consejo de Ministros plantear la impugnación ante el Tribunal Constitucional de la nueva consulta convocada por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, para el próximo 9 de noviembre, basándose en el informe aprobado por el Consejo de Estado avalando este recurso.

 Según ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el Ejecutivo recurrirá ante el Tribunal Constitucional la nueva consulta planteada por Mas “sin ninguna base legal y sin ninguna de las garantías democráticas más básicas”.

La vicepresidenta ha recordado que se trata de una consulta convocada para la misma fecha que la que ya fue suspendida por el Constitucional, con la misma pregunta, las mismas papeletas y las mismas urnas; además de no contar con ninguna administración electoral que la respalde y estar pilotada por “quienes defienden un resultado concreto”.

Con su recurso, ha explicado que el Gobierno pretende asegurar la vigencia del ordenamiento jurídico constitucional y el Estado de Derecho, proteger la democracia, garantizar los derechos de los catalanes y, especialmente, los de los funcionarios a los que considera que Mas pretende “colocar a la intemperie” sin darles “ninguna cobertura legal”.