La CNMC investiga a Renfe por su negocio en mercancías

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado expediente sancionador contra Renfe Operadora, Transportes Ferroviarios Especiales y seis empresas filiales por posible abuso de posición dominante y reparto de mercado.

El organismo ha informado que la medida se toma “por posibles prácticas restrictivas de la competencia prohibidas en los artículos 1 y 2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC), así como en los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)”.

La investigación se ha iniciado tras la denuncia presentada por la Asociación de Empresas Ferroviarias Privadas (AEFP), que dio lugar a la apertura de una información reservada, explicó la CNMC en un comunicado.

Dicha asociación está integrada por divisiones especializadas en el sector ferroviario de algunas de las mayores constructoras españolas, entre ellas ACS, o Acciona. La asociación nació el 20 de julio de 2005, al amparo de la legislación sobre la liberalización del ferrocarril. En la actualidad existen en España siete empresas privadas que compiten con Renfe en el mercado del transporte ferroviario de mercancías: Acciona Rail Services; Comsa Rail Transport; Continental Rail (de ACS); Transfesa (en cuyo capital participa Renfe); Logitren Ferroviaria, en Valencia;Traccion Rail (del grupo Azvi); y Transitia Rail.

“A la vista de la información recabada”, dice el organismo, “existen indicios racionales de prácticas prohibidas por la LDC y el TFUE, en el transporte ferroviario de mercancías y servicios conexos, consistentes en un abuso de posición dominante por parte de Renfe Operadora, Renfe Mercancías, S.A. y Renfe Alquiler de Material Ferroviario, S.A., por la posible aplicación a empresas asociadas a AEFP de condiciones comerciales discriminatorias en relación con otros clientes en la prestación de servicios de tracción o en el alquiler de vagones.icios de tracción o en el alquiler de vagones”.

La CNMC indicó que la incoación de este expediente “no prejuzga el resultado final de la investigación”. Y añadió que se abre ahora un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución por la CNMC.