Cargan contra "las prisas del ICAC por regular la profesión"

Los auditores, en pie de guerra contra su regulador

Mario Alonso, presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas (ICJE),
Mario Alonso, presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas (ICJE),


Los auditores comienzan a perder la paciencia. Su patronal, el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJE) difundió ayer un comunicado en el que criticaba abiertamente y con mucha dureza el ritmo con el que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de cuentas (ICAC) está conduciendo el proceso de elaboración de la futura reglamentación del sector.

El enfado de sus representantes llegó ayer hasta el extremo de que pidieron al ICACque retirara del orden del día de una reunión celebrada ayer en el comité consultivo todo el debate sobre el texto presentado. Algo verdaderamente inusual.

Fuentes de los auditores aseguraron desconocer las últimas razones de la prisa por aprobar una reglamentación excesivamente compleja, que va a determinar y a definir la profesión de auditor durante los próximos años, máxime cuando los futuros textos legales no entrarán en vigor hasta junio de 2016, para los estados contables de 2017 y que no se auditarán hasta 2018. Los mismos medios subrayaron que “nadie nos da una razón convincente para explicar esta premura, lo único que creemos es que el ICACno controla el calendario, lo está controlando el Ministerio de Economía y tiene prisa porque se le echan encima las elecciones generales y quiere cerrarlo antes.

“Nosotros en cambio lo único que pedimos es tiempo. No estamos entrado en el fondo de la cuestión y si no lo tenemos no nos podremos sentir parte activa en el proceso de elaboración del actual borrador de Anteproyecto”, indican.

“Desde un punto de vista meramente técnico, este borrador no está ni medido ni contrastado. Una ley de Auditoría es sin duda una ley con un altísimo contenido técnico. Es evidente que no se puede hacer a espaldas de los profesionales del sector que va a desarrollar esta actividad en los próximos años ni de otros reguladores relevantes, como los que forman parte de este Comité. Hay decenas de cuestiones de índole práctico que necesitan mejora, que no son decisiones políticas, son simplemente aspectos técnicos que no pueden implementarse sin contar con el criterio de los auditores. Si esto no se remedia nuestro país, sus auditores, las empresas auditadas y los usuarios de la auditoría quedarán en clara desventaja competitiva con nuestros pares europeos”, comentan.
El comunicado remitido ayer explicaba que en la reunión del Comité de Auditoría del ICAC, órgano consultivo pero cuya opinión no es vinculante para el futuro de la reglamentación, aseguraron que el ritmo del proceso de elaboración es inadecuado y que la rapidez con la que “se está desarrollando impide la reflexión y el trabajo que requiere un proyecto de esta envergadura”. Sin embargo, los representantes de los auditores declinaron comentar el contenido ni el desarrollo de la reunión, “cumpliendo así nuestra obligación de respetar el carácter secreto de las deliberaciones”.

En este sentido, las corporaciones de auditores explican que “el legislador europeo ha puesto énfasis en la necesidad de que los estados miembros se posicionen de forma coordinada sobre las diferentes opciones que pueden ejercitar para su efectiva entrada en vigor”.
Prueba de la dificultad de este proceso y de lo inadecuado del camino escogido es que “la Comisión Europea, prácticamente, aún no ha iniciado sus trabajos para tratar la armonización y aclaración de los puntos más complejos del redactado del Reglamento Europeo, por lo que nadie, en estos momentos, puede resolver las múltiples dudas de aplicación que en este instante subsisten en el seno de la Unión Europea”. “Conlleva un elevado riesgo legislar en sentido contrario al del resto de la UE, ya que no se conoce qué opciones de estado miembro serán las más comunes en su aplicación”, subrayan.

La ley pasa ahora a consulta pública

ras la reunión de ayer del Comité de Auditoría del ICAC, la futura reglamentación que ordenará la vida profesional de todas las compañías auditoras que operan en España, pasará a consulta pública. La idea del ICACes que en este proceso intervengan compañías de todo tipo, cotizadas o no, incluso particulares. Después de esta consulta se incorporarán al articulado las sugerencias que se consideren pertinentes y el anteproyecto de ley iniciará su singladura parlamentaria en búsqueda de su aprobación final. Los auditores vienen denunciado repetidamente durante los últimos meses la negativa del ICAC a aceptar su propuesta de colaboración y detallan que “desde el pasado 1 de agosto, fecha en la que se entregó el primer borrador a las corporaciones, solo ha tenido lugar un encuentro para trasladar de forma muy genérica las inquietudes más significativas. No ha habido ninguna reunión de trabajo, propiamente dicha, y no ha habido interlocución alguna antes de la recepción del nuevo texto que se ha remitido al Comité Consultivo de auditoría del ICAC, texto que no solo no atiende a muchas de las preocupaciones que se manifestaron al ICAC en esa reunión, sino que genera mayor inquietud en algunos de sus artículos”.