150 presos fueron condenados por delito fiscal

Menos del 1% de los reclusos en España lo es por delitos económicos

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, atiende a los medios antes de la Junta ordinaria de la CEOE. Ampliar foto
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, atiende a los medios antes de la Junta ordinaria de la CEOE. EFE

El Código Penal contempla penas de cárcel para los delitos económicos como fraude a la Hacienda Pública, a la Seguridad Social, apropiación indebida o blanqueo de capitales. Sin embargo, Caridad Gómez Mourelo, jefa de la Unidad de Delito de la Agencia Tributaria recordó que lo más habitual es que las penas se fijen en la banda baja.

Así lo indicó durante su participación en el congreso anual de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) celebrado en Bilbao. Ello explica que solo 615 de los 64.000 reclusos de España se encuentren presos por delito económico. Es decir, suman menos del 1% del total. Según datos de interior, 300 personas cumplen penas de prisión por apropiación indebida, 150 por delito fiscal, 87 por blanqueo de capitales, 12 por fraude en cotizaciones de la Seguridad Social y 4 por delitos societarios.

Salvador Viada Bardají, Asociación Profesional Independiente de Fiscales, apuntó que la complejidad de los temas relacionados con el delito fiscal provoca que los procesos se alarguen. Ello permite aplicar el atenuante de dilación indebida. Además, como recordó Caridad Gómez de la Agencia Tributaria, la reparación del daño causado.

Viada explicó que el alto nivel de corrupción en España se explica por la falta de organismos independientes. Lamentó que los órganos de control han sido colonizados por los políticos.

La organización de inspectores presentó ayer un informe en el que reclaman más medios y competencia para luchar contra la corrupción y los delitos fiscales. Defienden una modificación legal que les permite seguir investigando cuando detectan un posible delito fiscal. Actualmente, cuando ello sucede, deben remitir el caso a los tribunales y su trabajo se limita a realizar tareas de auxilio judicial.

También propusieron unificar todos los organismos que luchan contra la corrupción (Sepblac, UDEF, fiscalía anticorrupción, entre otros), en un único ente denominado Organismo Nacional Antifraude (ONAF).

Los inspectores opinan que también se reduciría la corrupción si las declaraciones del IRPF de todos los contribuyentes fueran públicas. Entienden que la medida puede generar cierto recelo en la sociedad y, por ello, proponen empezar por los políticos y empresarios. Para que ello sea posible, es preciso modificar la Ley General Tributaria y la Ley de Protección de Datos.