Editorial

Proteger la inversión para generar crecimiento

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) fijó en su programa de actividades de este año un plan de calificación de los riesgos de los productos de inversión, de acuerdo con las recomendaciones de la ESMA, para tratar de cerrar el círculo de vigilancia que sobre estos productos se debía recuperar, tras haberse relajado desde que comenzó el siglo y que culminó de la peor manera, con una crisis financiera que se ha llevado por delante centenares de millones de euros de riqueza, millones de empleos y la confianza necesaria para generar crecimiento y bienestar. El mecanismo creado, que está en periodo de consultas y que bien podría ser modificado por las apreciaciones que hagan Banco de España, bancos comerciales, aseguradoras o asociaciones de consumidores, es un primer intento de poner orden en la relación comercial del sistema bancario y los particulares, especialmente en todos los productos complejos. Tal como está diseñado, supone un avance importante en la catalogación de los productos, pero siempre puede lograrse un mecanismo más estricto, que proporcione más seguridad, sin que ello suponga coartar la capacidad de los emisores de captar capital o liquidez. No obstante, no debe obviarse que el factor humano puede tener una influencia más allá de cualquier sistema de calificación, por estricto que sea.

El código de calificación ordena los productos desde la más estricta simpleza de los depósitos a plazo hasta los intrincados derivados de activos, con cinco escalas de complejidad, asociando cada producto incluso a la calificación crediticia (solvencia) del emisor y advirtiendo además de las posibilidades reales de recuperar tanto liquidez como rentabilidad o el mismísimo capital en cada caso. Este termómetro de la inversión para particulares se sella, en los casos más delicados, con una declaración escrita y firmada por el inversor de que conoce que está “adquiriendo un producto no adecuado para inversores no profesionales”.

El pasado nos ha enseñado con experiencias desagradables que han existido negligencias, desinformaciones, mala fe y avaricia desmedida en algunos de los fraudes financieros recientes: sellos, pirámides de inversión, preferentes, etc. Por ello, las cautelas técnicas que se pongan en marcha son imprescindibles, pero podrían no ser suficientes si los brotes de amoralidad surgidos en la actividad financieras en los últimos 20 años se reprodujeran o los inversores no enterados reclamaran duros a cuatro pesetas. Nadie los da, porque no existen; no se pueden ofrecer y no se deben reclamar.

La banca tiene más necesidades de captación de liquidez en los mercados domésticos ahora que antes de la crisis, donde el mercado interbancario nutría de la falta de ahorro interno. Ahora hay interbancario menos alegre, e imposiciones para financiar todo el crédito con depósitos, a la vez que los depositantes pueden tener que costear crisis de bancos, aunque sean los últimos en hacerlo y en cantidades limitadas. Por tanto, la banca debe advertir también a sus proveedores (los depositantes tradicionales) del nuevo escenario, incluidos los tipos de interés cero por una larga temporada, que limita tanto las posibilidades de remunerar como las de estirar los márgenes de intermediación, que a su vez constriñe los beneficios bancarios y la remuneración a quienes aportan el capital a la banca, sean accionistas o bonistas.

Cuanto antes se generalice esta práctica de asesoramiento, antes se recuperará la confianza, sin la que no es posible la financiación de empresas o proyectos particulares; sin la que no es posible el capitalismo mismo. Keynes lo dice gráficamente: para que funcione la economía son necesarios “un kilo de dinero y toneladas de confianza”. Sin ella, todo lo demás es ineficiente, como demuestra el hecho de que ahora, en Europa, toneladas de dinero no logran movilizar el crédito y la actividad.

Pero la vigilancia del riesgo que toman los particulares cuando invierten debería complementarse con mecanismos para imputar a cada agente su responsabilidad, a todos los niveles, tanto al vendedor como al comprador. Solo así se desterrará el recurso fácil de incurrir en riesgo moral cuando se socorre a instituciones “demasiado grandes para caer” o a los particulares para evitar la alarma social, casos ambos de los que tenemos ejemplos recientes en España.