Petición de información adicional de Bruselas

Las autonomías perderán 250 millones si la UE anula el tributo a grandes superficies

Tienda de Ikea en Madrid.
Tienda de Ikea en Madrid.

En el primer semestre, las comunidades autónomas ya han rebasado el límite de déficit que les había impuesto para todo el año (el 1% del PIB). La merma de ingresos y las dificultades para seguir recortando gasto les sitúa en un escenario muy complejo para 2015, en el que el objetivo marcado por Hacienda es todavía más bajo (0,7%). Por ello van a necesitar de toda su artillería fiscal para cuadrar unas cuentas que van a ser escrutadas con lupa desde Bruselas. Y precisamente la UE puede ser la que obligue a seis comunidades a prescindir de los ingresos que proceden del tributo que cobran a las grandes superficies. La presión realizada por el lobby Anged para tratar de suprimir ese impuesto parece que está surtiendo efecto, ya que las autoridades comunitarias se han puesto en contacto con el Ejecutivo español para conocer más detalles del tributo y si algunos de sus ejes se ajustan al derecho comunitario. Si finalmente la UE dictamina que no es acorde a la normativa europea, las comunidades tendrán que anularlo y ello les supondrá prescindir de unos ingresos de 250 millones de euros al año.

El recurso a Bruselas se produce tras los sucesivos rechazos del Tribunal Constitucional a los recursos presentados en Cataluña, Aragón y Asturias contra el impuesto a las grandes superficies. Lo que tratan de probar las grandes superficies es que el tributo es discriminatorio, ya que obliga a pagar a los establecimientos de más de 2.500 metros cuadrados de superficie, mientras que un empresario que abra negocios con menos metros cuadrados queda liberado de cualquier obligación. “El que abre uno de 5.000 metros, paga el impuesto; el que abre cinco de 1.000 metros no paga”, subrayan. En su opinión, el impuesto no se ajusta a derecho ya que no responde a ninguno de los tres preceptos sobre los que se asienta (ordenación del territorio, protección del patrimonio o medioambiental) el derecho comunitario.

Canarias renunciará a su aplicación pese a que Hacienda calcula que ganaría 107 millones al año

El tributo se aplica en Cataluña, Canarias, Aragón, Asturias, La Rioja y Navarra y, según los últimos datos de Hacienda, la recaudación llegó a 190 millones en 2013 y podría elevarse a 250 millones, según cálculos empresariales facilitados a CincoDías. Las dos autonomías que más ingresos obtienen son Canarias (107,7 millones) y Cataluña (57,1 millones), lo que representa más del 80% del total de la recaudación. Ambas serían las más perjudicadas si la UE echa por tierra ese impuesto o si bien, tal y como apuntan fuentes cercanas del Ejecutivo, obliga a las comunidades a aplicarlo sin discriminar a los comercios en función de su superficie. Una situación inasumible en autonomías como Cataluña, en la que la defensa del pequeño comercio frente a las grandes superficies les ha llevado a rechazar las medidas de liberalización comercial aprobadas desde el Ejecutivo central. En cualquier caso, la modificación o la supresión del impuesto supondrá un nuevo golpe a las arcas autonómicas.

El anuncio de Bruselas ha llevado a algunas regiones, como Canarias, a anunciar que finalmente no lo aplicará pese a que lo tiene aprobado desde 2012 y que Hacienda calcula que le podría reportar unos ingresos de 107,7 millones. Una decisión que puede estar justificada por los buenos datos de déficit. En la primera mitad del año solo ha escalado al 0,3%, todavía lejos del 1% fijado para todo el ejercicio.

Datos y detalles del tributo

PREGUNTA. ¿Desde cuando se aplica y que comunidades se benefician?

RESPUESTA. La primera comunidad que lo aplicó fue Cataluña, cuyo Parlamento lo aprobó en el año 2000. Un tributo que fue recurrido por el Gobierno central un año después y que finalmente el Tribunal Constitucional fijó como legal a mitad de 2013. En la actualidad hay otras cinco autonomías (Canarias, La Rioja, Aragón, Asturias y Navarra) que lo incluyen en sus presupuestos.

P¿Cuanto dinero obtienen u obtendrían si lo aplicaran (Canarias no lo hace)?

R Los cálculos de Hacienda consideran que el total en 2013 puedo llegar a 190 millones de euros, aunque fuentes empresariales lo elevan a 250 millones para este año. La comunidad que más se beneficiaría sería Canarias, con 107,7 millones, seguida por Cataluña, con 57,1 millones.

P¿Qué grava el impuesto a las grandes superficies?

R Establece un gravamen a las grandes superficies en función de los metros cuadrados que tengan. Va desde los 2.000 metros como límite para gravar a los grandes establecimientos en Navarra a los 4.000 fijados por Asturias. Cataluña marcó una tarifa de 17,4 euros por metro cuadrado y el resto de autonomías siguió su ejemplo y estableció un gravamen similar, excepto Navarra, con 12 euros por metro cuadrado.

P ¿Qué argumentan las grandes superficies?

R Consideran que es un impuesto discriminatorio, ya que grava a unos establecimientos en función de su superficie, mientras que a otros les exime del pago. También que se trata de una doble imposición, ya que ya pagan otros impuestos por la contaminación que generan. Desde la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), que agrupa a 18 grandes empresas como Leroy Merlín, Ikea, Carrefour o el Corte Inglés recuerdan que en algunas autonomías, como Cataluña, el tributo se lleva el 35% del beneficio, ya que se grava hasta las plazas de parking de las grandes superficies.