Los expertos piden más bajadas de impuestos para luchar contra el fraude
La reforma fiscal diseñada por el Ejecutivo sigue recibiendo aportaciones y enmiendas una vez que ha iniciado su tramitación parlamentaria, que culminará a finales de diciembre para entrar en vigor el 1 de enero de 2015. Los reunidos ayer por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), que han elaborado el libro denominado Propuestas para una reforma fiscal abogaron por una rebaja aún mayor de la presión fiscal para reducir las abultadas cifras de fraude fiscal y por la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones, así como el de patrimonio. Este último acaba de prorrogarse otro año.
El fraude fiscal sigue siendo el gran agujero negro en las cifras de recaudación. Uno de los capítulos trata de cuantificar lo que pierde la economía española por el fraude, estimado en el 23,1% del PIB (252.243 millones de euros) y a lo que pierden las arcas públicas en recaudación tributaria, algo más 85.000 millones al año. Una cifra que no es baladí, ya que representa un montante similar a lo que Hacienda recauda por IVA y Sociedades en un año.
Salvador Ruiz Gallud, exdirector general de la Agencia Tributaria y socio director de Equipo Económico, subrayó que una menor presión fiscal reduciría esas cifras. “A menos impuestos, menos fraude”, apuntó durante su intervención. En el capítulo dedicado a este concepto, Ruiz Gallud también reclamó un cambio en el tratamiento de las declaraciones extemporáneas presentadas a la Agencia Tributaria. “Los costes de regularización extemporánea parecen gravosos para la finalidad que persiguen (el cumplimiento voluntario aún fuera de plazo), más en el entorno de enorme litigiosidad que vivimos”, explicó.
Proponen tres únicos tramos en el IRPFy un marginal que no supere el 40%
Por ello, exigió que el primer recargo por incumplimiento sea inferior al 5% y que no haya aumentos posteriores por incumplimientos. El eje troncal de la reforma fiscal es la bajada del IRPF, que pasa a tener cinco tramos y cuyos tipos marginales bajarán del 52% actual al 47% y cuyos mínimos bajaran del 24% al 19%. Santiago Álvarez, profesor de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo, consideró que la gran transformación que no incluye la propuesta de reforma fiscal es la de lograr una aplicación más generalizada del impuesto. “Para ello es fundamental limitar los supuestos de no sujeción y las exenciones”, recalcó. En su opinión, la caída de la recaudación sufrida durante la crisis se ha corregido tocando tipos y reduciendo beneficios fiscales. “En un contexto en el que no haya necesidades recaudatorias como el actual, se debería avanzar hacia una simplificación del impuesto”. ¿Esto qué significa? Álvarez recordó que las tesis presentadas por la comisión Lagares (cuatro tramos con un marginal que no supere el 50%) van en la dirección correcta, pero consideró que lo más adecuado serían tres tramos y un marginal no superior al 40%. En cualquier circunstancia, abogó por una supresión significativa de las exenciones y de los beneficios fiscales ligadas a este tributo.
Leopoldo Gonzalo y González, catedrático de Hacienda Pública y Sistema Fiscal, habló sobre la necesidad de suprimir algunas figuras tributarias redundantes, como el impuesto que grava el patrimonio o las sucesiones y donaciones.
Respecto al primero, consideró que es su objetivo imponible, pero su fuente es la renta, “de modo que viene a configurarse como un gravamen complementario del IRPF que vuelve a gravar, adicionalmente, las rentas patrimoniales gravadas por éste”. En relación al impuesto que grava las sucesiones y las donaciones, Gonzalo y González apuntó que su singularidad resulta “discutible”, ya que al gravar los incrementos patrimoniales gratuitos y ser estos genéricamente renta, según la teoría del incremento neto de riqueza; “su adecuada ubicación debería ser la de un concepto más entre los sometidos al IRPF, tal y como el legislador ha dispuesto en el impuesto sobre sociedades.”
Un IVA de caja generalizado para todas las empresas
Hacienda no está contenta con la evolución del nuevo sistema del IVA de caja. Este esquema, que permite a las empresas abonar el impuesto al cobrar la factura y no cuando se emite, no ha dado los resultados apetecidos. Solo 21.569 pymes y autónomos se acogieron al nuevo sistema que entró en vigor este año, lo que apenas representa un 0,9% de los 2,3 millones de potenciales beneficiarios. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, reconoció a finales de septiembre que estudiará fórmulas de mejora. Una de ellas está incluida en un capítulo de Propuestas para la reforma fiscal, en el que se insta a fijar un IVA de caja para todas las empresas, independientemente del volumen mayor o menor de sus operaciones. “Lo que sucede es que a la Hacienda Pública no le viene bien esperar a que los morosos, que ahora son legión, cumplan con sus obligaciones de pago, si es que terminan cumpliéndolas alguna vez. Antes de tener que afrontar ella misma problemas de tesorería, prefiere trasladárselo a las empresas”, asegura el estudio.
En ese mismo capítulo, también se critica la propuesta de la comisión Lagares de subir gran parte de los bienes y servicios que están gravados en la actualidad al 10% de IVA, menos vivienda, turismo y transporte. En su opinión, esta decisión, rechazada por el Ejecutivo, solo “agudizaría” la regresividad del impuesto. En opinión de Gonzalo y González, autor de ese capítulo, lo más recomendable seria revisar con rigor los conceptos de consumo de primera necesidad, el considerado no primario y el suntuario, antiguamente gravado con un impuesto sobre el lujo. “Supondría una operación de reciclaje de nuestra imposición indirecta desde el punto de vista de la equidad”, resalta.