La empresa tendrá que reformular sus cuentas

Gowex pide preconcurso tras anular una solicitud presentada en julio

Jenaro García, expresidente de Gowex, en una imagen tomada el 10 de julio.
Jenaro García, expresidente de Gowex, en una imagen tomada el 10 de julio.

Gowex solicitó a principios de septiembre la declaración de preconcurso de acreedores, lo que otorgaría a la empresa de wifi tres meses, ampliable a cuatro, de plazo para acordar un convenio de pago a los acreedores que evitara la declaración de concurso, de acuerdo a fuentes cercanas a la compañía.

La medida fue requerida por Gowex inicialmente el pasado 14 de julio, pocos días después de que estallara el escándalo –el 1 de julio la firma de análisis estadounidense Gothan City Research publicó el informe que tumbó la cotización del grupo–. Según explicaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia, el 31 de julio la solicitud recayó oficialmente en el juzgado mercantil número once de Madrid. Dada la trascendencia del caso, la secretaría del juzgado habilitó el mes de agosto para trabajar en la petición, pero el 11 de agosto la medida fue archivada.

El motivo fue que el administrador judicial de Gowex, Javier Solsona, nombrado por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, optó por no hacerse cargo de un proceso que él no había interpuesto, indican las fuentes cercanas a la compañía. Las fuentes consultadas por este diario en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid señalaron que no había constancia en la actualidad de que el proceso hubiera sido reabierto.

Sin embargo, las fuentes cercanas a la compañía fundada por Jenaro García aseguran a este diario que ahora Javier Solsona ha vuelto a solicitar la medida, y que posiblemente será el juzgado mercantil número nueve el que se haga cargo del proceso.

Este diario no logró el viernes contactar con Gowex ni con Javier Solsona para confirmar esta información. Javier Solsona, consejero de Gowex, está al frente de la gestión de la compañía desde la salida e imputación de los anteriores altos ejecutivos de la empresa, desde el presidente del grupo hasta el director financiero, Francisco Martínez Marugán.

El juez Santiago Pedraz retiró la imputación que pesaba sobre Solsona el pasado día 1 de agosto, por un periodo de seis meses. La defensa de Jenaro García se opuso a la designación de Solsona como administrador de la compañía reclamando que se nombrara a través de un procedimiento de “insaculación” (por sorteo), y otorgar así “imparcialidad a la salvaguarda de los intereses de los accionistas, trabajadores, proveedores y acreedores por alguien ajeno a la propia empresa”.

El magistrado rechazó la petición de la defensa del expresidente de Gowex y explicó en un auto que el nombramiento de Solsona pretendía “garantizar el correcto funcionamiento del grupo y evitar perjuicios para los inversores, los trabajadores en activo y terceros no responsables de los delitos investigados” y recordó que el administrador judicial debía “dar cuenta y solicitar al juez la oportuna autorización”.

Cuentas reformuladas

Durante el proceso concursal que ahora se inicia es previsible que el administrador judicial de Gowex presente nuevas cuentas de los últimos ejercicios, al menos de 2013, de la empresa de wifi.

Las que hasta ahora han sido presentadas por la compañía, como ha reconocido Jenaro García, son falsas. El exdirector financiero del grupo, Francisco Martínez Marugán, ya admitió ante el juez que sólo entre el 5% y el 10% de los ingresos eran reales.

 

Mercado ficticio de servicio de ancho de banda

El informe elaborado por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria sobre Gowex trasladado a la Fiscalía Anticorrupción el pasado 10 de julio, al que ha accedido este diario, centrado sobre los ejercicios 2008, 2009 y 2010, advierte sobre el supuesto mercado creado por la misma empresa donde, aseguraba, se intercambiaba capacidad de ancho de banda.

A este mercado, defendía Gowex al explicar su negocio, acudían oferentes y demandantes que contrataban a la empresa presidida por Jenaro García en la prestación de servicios de intermediación. Sin embargo los equipos de investigación de la Agencia Tributaria descubrieron que las sociedades españolas que supuestamente participaban en ese mercado solicitando ancho de banda, “no se anuncian en ninguna página web, no disponen de locales ni trabajadores y, en general, están domiciliadas fiscalmente en centros de negocio (...) o en viviendas particulares donde no existen indicios de que haya habido anteriormente ninguna oficina”.

El Equipo de Inspección de Madrid de la Agencia Tributaria llegó a la conclusión de que “dichas sociedades pueden haber servido de instrumento al obligado tributario [Gowex] para aparentar una actividad económica mayor de la que realmente desarrolla y, a su vez, para ocultar las operaciones reales desarrolladas, por menor importe que el presentado en las cuentas, así como la identidad de los clientes de los que proceden los ingresos reales”. Hacienda requirió explicaciones a directivos de Gowex sobre esta operativa el pasado mes de marzo. Estos sostuvieron que los oferentes y demandantes de ese mercado eran brokers que representaban a inversores que querían permanecer en el anonimato.