Editorial

Hacia un sector público eficiente

El Gobierno dará hoy otra vuelta de tuerca al proceso de adelgazamiento, reordenación y racionalización del sector público con la aprobación de dos nuevos paquetes de medidas. Tal y como avanzaba ayer Mariano Rajoy, el proceso de reforma de la Administración pública –del que se han ejecutado un 45% de las 222 medidas que comprende– se ha saldado hasta ahora con un ahorro de 10.417 millones de euros. Para seguir adelante con la tarea, el Ejecutivo sancionará un manual de simplificación obligatorio para todas las Administraciones, una reforma de la legislación de procedimiento administrativo y un segundo manual para evitar duplicidades, cuyo objetivo es reducir la maraña normativa de trámites y papeleos que España exige tanto a la ciudadanía como al tejido empresarial.

Tal y como reconoce el Gobierno, de esos más de 10.000 millones de euros ya ahorrados, 2.684 corresponden al Estado central, 5.535 a las comunidades autónomas y 2.198 a los ayuntamientos. Dentro de ese proceso de depuración hay que encuadrar la eliminación de 2.000 entidades públicas, una cifra que permite vislumbrar la elefantiaca magnitud que ha llegado a adquirir el sector público en España. Un hiperdesarrollo que se mantuvo incluso tras estallar la crisis económica y al que solo ha podido ponerse coto con la política de austeridad impuesta por el ajuste fiscal.

Entre los capítulos del ahorro que el presidente del Gobierno detalló ayer, destacan 766 millones de euros que provienen de haber simplificado trámites y procedimientos burocráticos. La intención del Ejecutivo es avanzar aún más en esa dirección y reducir una carga para particulares y empresas que resulta muy difícil de justificar no solo en términos de eficiencia, sino también de costes. No en vano, el último informe Doing Business del Banco Mundial sitúa a España en el puesto 52 de los 189 países que analiza –seis puestos por debajo del informe de 2013– en cuanto a la facilidad para abrir un negocio y cifra en 23 días y en 10 trámites el esfuerzo necesario para llevarlo a cabo. Más allá de la metodología de los análisis, es imposible calcular el coste intangible –el tiempo es dinero– que supone para una economía contar con una legislación obstaculizante y compleja. De ahí la urgencia de seguir adelante no solo con la tarea de eliminar entes públicos innecesarios o restringir la creación de otros nuevos, sino también de acabar de una vez por todas con el vuelva usted mañana.

Los cálculos del Gobierno apuntan a que la culminación de la reorganización del sector público finalizará en 2015 y permitirá ahorrar en total 37.620 millones de euros. Se trata de una tarea ambiciosa y como tal debe ejecutarse con eficacia y rigor. Los ciudadanos y las empresas serán los encargados de evaluar los beneficios de una reforma que resulta vital para el conjunto de la economía española.