El Gobierno refuerza el control sobre las subvenciones públicas
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado hoy la Ley de racionalización del sector público que recoge numerosos cambios en la gestión de las administraciones y sus empleados.
Uno de estos cambios afecta al control de las subvenciones públicas, que a partir de mañana deberán publicitarse tanto por parte de las administraciones que las conceden, como por los beneficiarios que las reciben.
Para ello se creará una Base de datos nacional de subvenciones. Las administraciones concedentes de ayudas públicas deberán remitir a este registro la información sobre las convocatorias y las resoluciones de concesión. Por su parte, los beneficiarios deberán comunicar las subvenciones y ayudas recibidas, según los términos de la Ley de Transparencia.
Dicha base de datos incluirá las bases reguladoras de las subvenciones, su convocatoria, programa y crédito presupuestario al que se imputan, objeto o finalidad de la subvención, identificación de los beneficiarios, importe de las subvenciones otorgadas y efectivamente percibidas, resoluciones de reintegros y sanciones impuestas. Igualmente, contendrá la identificación de las personas o entidades que tengan prohibido la percepción de ayudas públicas
El texto publicado por el BOE recoge también una serie de cambios en la política de recursos humanos del sector público. Así, la norma devuelve a los empleados públicos otro de los tres días libres para asuntos propios –denominados moscosos– que les quitó el Gobierno con los recortes de 2012. De esta forma, volverán a contar desde mañana con cinco moscosos frente a los seis que tenían hasta hace dos años.
El Gobierno también ha introducido cambios en el Estatuto Básico del Empleado Público. Uno de ellos consiste en permitir al personal militar ocupar puestos en la administración pública civil.
Desde el Ministerio de Hacienda se justifica esta medida para “permitir que las personas que trabajan en la Administración tengan otras vías de desempeño profesional dentro de su carrera administrativa”.
Límites a los interinos
También limita a tres años –ampliables en doce meses más– el tiempo que un trabajador interino puede ocupar un puesto de un funcionario de carrera que no lo esté ocupando por estar en un programa de carácter temporal.
Asimismo, la nueva norma añade otro supuesto de movilidad funcional del personal interino. En aquellos casos “cuya designación sea consecuencia de la ejecución de programas de carácter temporal o del exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un período de doce meses, podrá prestar los servicios que se le encomienden en la unidad administrativa en la que se produzca su nombramiento o en otras unidades administrativas en las que desempeñe funciones análogas”. Si bien dichas unidades deberán estar también dentro del ámbito de aplicación del citado programa de carácter temporal.
Según Hacienda, estos últimos cambios respecto a la regulación de los interinos persiguen “conseguir que en un contexto de reducción de gasto público puedan destinarse más recursos a las unidades deficitarias”.
Finalmente, la norma establece una nueva regulación de los plazos en determinados supuestos de movilidad funcional voluntaria entre las distintas administraciones públicas.
El sindicato CC OO ha criticado estos cambios que, según explica, han sido decretados “unilateralmente” por el Gobierno.
Simplificación de trámites administrativos
-Tablón de edictos único. La nueva Ley de racionalización del sector público vigente desde hoy prevé la creación del Tablón Edictal Único del Boletín Oficial del Estado, que permitirá que todas las Administraciones Públicas inserten sus anuncios en un único emplazamiento electrónico centralizado. De esta forma, el ciudadano solo tendrá que consultar cualquier notificación de comparecencia a través de un único portal, independientemente de cuál sea el órgano o Administración que las realiza o la materia sobre la que verse.
-Licencia deportiva única. Esta nueva autorización habilitará a su titular a participar en cualquier competición oficial, cualquiera que sea la comunidad autónoma en que ésta se celebre. Con ello, el Ejecutivo pretende aplicar el principio de unidad de mercado al deporte profesional, lo que permitirá eliminar duplicidades y reducir los trámites administrativos necesarios para la práctica deportiva, que varían en función de las comunidades autónomas.
-Certificados electrónicos. Hasta el momento, la ausencia de uniformidad a la hora de aceptar certificados de firma electrónica a la hora de prestar determinados servicios a través de las administraciones estaba generando trabas y retrasos en el despliegue de los servicios afectados. La causa era que los prestadores de los servicios en cuestión debían solicitar a cada Administración pública su inclusión en la lista particular de certificados admitidos en cada una de ellas. Con la aprobación de esta norma, aunque se establece un periodo transitorio, la única lista de confianza de prestadores de servicios de certificación establecidos en España será la que mantiene el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
-Menos organismos. Esta ley elimina El Consejo de la Juventud, que se integra en el Instituto de la Juventud (Injuve). Asimismo, el Gobierno suprime la Dirección General de Igualdad de Oportunidades, y sus funciones pasan a ser competencia del Instituto de la Mujer.
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