Las finanzas autonómicas

El pago de la abultada deuda autonómica absorbe el 72% del FLA

Reparto del Fondo de Liquidez Autonómica de 2014 pulsa en la foto

El Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) está dotado con 23.000 millones para este ejercicio y ofrecerá oxígeno financiero para aquellas comunidades que por sus desequilibrios o por la brutal caída de sus ingresos tienen bloqueado el acceso a los mercados para financiarse. De esos fondos se van a beneficiar ocho autonomías (Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana).

Un análisis pormenorizado del reparto de recursos en los cuatro primeros meses de vida del fondo (febrero-mayo) muestra cuáles son las necesidades de financiación y a qué están destinando el dinero esas seis regiones. Y el resultado unánime es para pagar los vencimientos y los intereses de la deuda autonómica, que se ha triplicado desde el inicio de la crisis, al pasar del 6,7% del PIB regional en 2008 al 21,7% en 2013. Solo el pago de vencimientos de deuda y el abono de los tipos de interés ha supuesto 6.763 millo_nes, el 72% de lo consumido en esos cuatro meses por el FLA. Un desfase provocado por el atracón de endeudamiento que ha tenido como grandes protagonistas a tres autonomías: Comunidad Valenciana, con una deuda equivalente al 34,8% de su PIB en el primer trimestre de 2014; Castilla-La Mancha, con un 33,5%, y Cataluña, con un 31%. En términos absolutos, la deuda regional ascendía en esa fecha a 221.997 millones, con Cataluña en primera posición (59.729 millones, un 26,9% del total) y la Comu_nidad Valenciana, en segunda (33.864 millones, un 15,2% del total). Esa posición de privilegio la ocupan porque fueron las dos que recurrieron en primera instancia a la figura de los bonos patrióticos, emisiones de deuda impulsadas por las propias autonomías.

Y la más perjudicada fue Cataluña. En 2011, ya bajo la presidencia de Artur Mas, colocó 4.223 millones en este tipo de deuda, de los que el 62% vencía a finales de noviembre de 2012. Asfixiado ante la imposibilidad de devolver su dinero a los más de 200.000 compradores que los adquirieron, se vio obligado a pedir el rescate financiero. En 2012, el Ministerio de Hacienda, a través del FLA, le concedió una ayuda de 5.023 millones, de los que 2.639 fueron utilizados para pagar vencimientos.

Las autonomías recurrieron de forma masiva a la deuda para cortar la hemorragia provocada por el desplome de los ingresos

Un esquema que se ha ido repitiendo en los años sucesivos. Así se puede constar en la última estadística de Hacienda. En los cinco primeros meses de 2014 ha recibido 2.677 millones para el pago de intereses y de deuda, más de una tercera parte de los 7.000 millones acordados para todo este año. Hacienda calcula que desde 2012 ha financiado a Cataluña con 42.300 millones, si se suman el FLA, los planes de pago a proveedores, la rebaja de los tipos de interés y las ayudas para el pago a las farmacias.

El restante 28% de los fondos prestados a las autonomías hasta mayo presenta una idea clara de dónde se han concentrado los desfases en los pagos. Hacienda ha destinado 2.571 millones para que las autonomías se pusieran al día en el pago con sus proveedores. Cataluña sigue siendo la más beneficiada, con 852 millones de euros, de los que más de la mitad (442) se han utilizado para pagar a las oficinas de farmacia. A poca distancia se ha situado Andalucía, con 774 millones, aunque con un patrón muy diferente. El 68% de los fondos (527 millones) lo ha utilizado para saldar deudas ligadas a contratos de obras, suministros y servicios. En tercer lugar, con 378 millones, aparece la Comunidad Valenciana, que también ha tenido que enjugar una importante deuda con las oficinas de farmacia (267 millones). Al margen de estas tres regiones, las otras cinco tienen un patrón muy similar en la composición de los fondos recibidos de Hacienda. Muy parejas en la clasificación se encuentran Castilla-La Mancha (151 millones) y Canarias (150 millones). La primera recibe más de la mitad del dinero para un apartado denominado “otras categorías”, mientras que la segunda destina el 72% para impagos de contratos de obras.

Otros datos curiosos de la estadística son que Andalucía es la más morosa en el pago de los conciertos educativos, con una ayuda de 41 millones de euros (un 78% del total), en los ligados a servicios sociales (75 millones, un 88% del total) y en las subvenciones o transferencias a las universidades (76 millones, el 100%).

Las regiones que no se acogen quieren un 1%

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, confirmó al final del último Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrado a finales de julio, que el tipo de interés que tendrán que pagar las autonomías adheridas al FLA de 2012, 2013 y 2014 será del 1%, lo que les supondrá un ahorro de 2.407 millones. Además se concedió un año más de amortización para las regiones adheridas en 2012 y 2013.

Un balón de oxígeno para las autonomías más asfixiadas por la falta de liquidez y un agravio comparativo para las que no lo han hecho. Es el caso de Extremadura, que ha reclamado a Hacienda un tratamiento similar como reconocimiento a un esfuerzo suplementario y solidario para cumplir los objetivos de déficit y deuda, pese a su mala situación de partida. “De refinanciarse la deuda entre el 1% y 0% , Extremadura podría obtener un ahorro bruto estimado entre los 75 y los 104 millones en 2015”, explican.

En suspenso la reforma de la financiación

La publicación de las balanzas fiscales a principios de verano reabrió el debate de la financiación autonómica y los déficits que tenían algunas regiones. El presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, zanjó el debate en la primera semana de agosto al suspender sinedie la reforma del sistema, dándole prioridad a otras cuestiones de política económica. Una decisión que soliviantó a las comunidades autónomas que peor paradas salían en la foto, como Madrid, Comunidad Valenciana y Baleares. Los presidentes de las tres regiones, gobernadas por el PP, asumieron la decisión del Gobierno central, pero posteriormente han matizado su aceptación. El más claro ha sido el presidente valenciano, Alberto Fabra, quién admitió la posibilidad de «corregirlo». “Estamos hablando de unos fondos a nivel estatal que deben garantizar que en todo el territorio nacional se preste el mismo nivel y número de servicios a todos los ciudadanos”.