Portugal promete no recortar pensiones tras el veto del Constitucional
El Gobierno portugués prometió hoy no realizar más reformas en el sistema de pensiones durante el resto de la legislatura después de recibir un nuevo veto del Tribunal Constitucional (TC) a su último plan de recortes.
El primer ministro, el conservador Pedro Passos Coelho, aceptó con este compromiso la sentencia del Alto Tribunal divulgada el jueves que ilegalizó un plan de recortes permanentes sobre las pensiones de más de 1.000 euros.
“No haré más reformas en la Seguridad Social hasta las próximas elecciones legislativas”, afirmó en un acto de su formación, el Partido Social Demócrata (PSD, centro-derecha).
El jefe del Ejecutivo criticó la interpretación de los jueces de la Constitución por considerar que “solo” contempla que las nuevas generaciones “puedan perder derechos” para apoyar una reforma de la seguridad social.
“Es una extraña forma de ver la solidaridad”, afirmó el primer ministro, quien asumió que el problema de la sostenibilidad de las pensiones quedará sin resolver durante esta legislatura.
Passos Coelho defendió el sentido de “compromiso” de sus ajustes porque repartían el peso fiscal entras tasas a pensionistas y a trabajadores, y un aumento del IVA.
El plan vetado debía sustituir la actual sobretasa (conocida como “Contribución Extraordinaria de Solidaridad“) a partir de 2015 y aplicar de esta manera recortes definitivos sobre el sistema de pensiones.
Además, la reforma -la tercera referida a las pensiones de esta legislatura- hubiera servido para recaudar el próximo año 372 millones de euros, según las estimaciones del Gobierno luso.
El primer plan presentado, que también fue vetado el año pasado por el Constitucional, solo se aplicaba sobre las pensiones del sistema público.
En lugar de proponer más reformas, Passos Coelho instó al principal partido de la oposición, el Socialista, a pactar una consensuada antes de las elecciones legislativas de 2015.
“Este es el momento para decir al Partido Socialista que estamos disponibles antes de las elecciones para firmar una reforma de la Seguridad Social que tenga la contribución del PS, ya que este es un problema nacional”, afirmó.
El primer ministro no comentó la otra norma fiscalizada por el Alto Tribunal, que comportaba bajadas salariales a funcionarios públicos que ganen más de 1.500 euros.
Los jueces permitieron parcialmente estas reducciones ya que aceptó los recortes previstos por el Gobierno para 2014 y 2015, pero no los proyectados entre 2016 y 2018.
La norma sí entrará en vigor a partir de septiembre y podrá ayudar a equilibrar las cuentas del Estado para este año y el siguiente.
El Constitucional dejó así margen de maniobra al Gobierno a corto plazo al permitir los recortes salariales, la medida de mayor recaudación prevista.
Aún así, la ilegalización de la reforma de las pensiones añade dificultades al Gobierno portugués para reducir el déficit del próximo año, que debe disminuir hasta el 2,5 %.
El Gobierno se comprometió a ese objetivo con sus acreedores (Comisión Europea, Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional) a los que debe devolver los fondos utilizados del préstamo de 78.000 millones de euros concedido entre 2011 y 2014.
El principal partido de la oposición portuguesa, el Socialista, rechazó el jueves la adopción de nuevas medidas de austeridad como alternativa y prometió que la formación repondrá de manera “gradual” los recortes cuando las condiciones lo permitan.
El secretario general del PCP, Jerónimo Sousa, arremetió hoy también contra el Gobierno por considerar que continua con su política de recortes a pesar de las varias resoluciones judiciales en su contra.
“Tal persistencia en gobernar fuera de la ley da más fuerza a la necesidad de su dimisión”, sostuvo el líder comunista, que se sitúa como tercera fuerza política del país en las encuestas.
Desde que llegó al poder en 2011, el Ejecutivo portugués se ha enfrentado a una decena de sentencias contra sus medidas de ajustes, la cuales lo han obligado a buscar alternativas para cumplir sus metas fiscales fijadas por los acreedores.