Una reforma con beneficios y con riesgos
La memoria económica que acompaña a los tres proyectos de ley que conforman la reforma fiscal del Gobierno, y que ha sido también enviada al Congreso de los Diputados, hace un detallado repaso a los efectos que tendrá cada movimiento en cada impuesto sobre el crecimiento económico, la recaudación tributaria y la generación de empleo. Con alguna ligera corrección sobre las estimaciones iniciales, el Ministerio de Hacienda estima que inyectará con los cambios en el impuesto sobre la renta de las personas físicas algo más de 6.000 millones de euros de renta disponible en los contribuyentes particulares, y otros 3.000 adicionales en las empresas, que terminarán en manos de sus propietarios. Tal estímulo, y su consideración de permanente, tendrá tal efecto en el consumo y la inversión que generará un crecimiento adicional del 0,32% en 2015, que se incrementará al 0,53% en 2016, que a su vez movilizará un avance adicional en la ocupación del 0,72% en los dos ejercicios. Tal avance supondría unos 114.000 puestos de trabajo a tiempo completo adicionales a los que ya estimaba el Gobierno para 2014, y que será de nuevo revisado por la intensidad del PIB.
Tales previsiones pueden cumplirse, pero tienen mucho riesgo de desviación, tanto a la baja como al alza, puesto que una simple reforma fiscal, que por otra parte no es muy intensa, no es suficiente para conformar un cambio radical en las decisiones de consumo e inversión de la ciudadanía y de las empresas. Bien está, en todo caso, que se reduzca la presión fiscal en un país que la tiene aún en los niveles más altos de Europa, pese a que el desempeño en la recaudación es de los más famélicos tanto por la estructura de los tributos como por los comportamientos poco éticos de miles, millones quizá, de contribuyentes.
Seguramente tras un proceso de adelgazamiento del gasto público y de subida de la imposición para meter en vereda a unas finanzas públicas desbocadas, ha llegado la hora de bajar la presión y utilizarla como palanca de acompañamiento en la recuperación de la demanda y del empleo. Pero esta buena proyección de la política económica tiene inconvenientes si algún acontecimiento externo, o interno, diese la vuelta a la tendencia de la economía, cuya recuperación sigue cogida con alfileres, por muy intensa que la catalogue el presidente del Gobierno.
La senda de consolidación fiscal no ha concluido; España está obligada a reducir su déficit este año al 5,5%, al 4,2% en 2015 y al 2,6% en 2016, y tiene pocas armas en su arsenal que no dependan del crecimiento como para prescindir de ingresos. Haber encaminado la solución al déficit ha estabilizado y abaratado la financiación; pero el endeudamiento público no está en niveles que admitan bromas, y cada decisión que pueda elevarlo debe ser bien estudiada y mejor ejecutada para convertirse en permanente.