El Gobierno elevará a 180.000 euros el mínimo exento en la tributación de la indemnización por despido
Hacienda emula de esta manera el modolo foral navarro El Gobierno había establecido primeramente una exención de 2.000 euros por año trabajado
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha señalado que el proyecto de ley de reforma fiscal elevará el mínimo exento en la tributación de indemnizaciones por despido hasta los 180.000 euros, siguiendo el modelo foral navarro. Así lo ha señalado durante su intervención en Sevilla para informar de la creación del consorcio de la Zona Franca.
En el marco de la reforma fiscal que aprobará el Gobierno en breve, el Ejecutivo plantea el fin de la exención generalizada de indemnizaciones por despido. En el anteproyecto de ley el Gobierno estableció un mínimo exento de 2.000 euros por año trabajado, que en la práctica equivalía a un salario de 20.000 euros anuales. Esta medida que fue muy criticada tanto por los agentes sociales como por todo el arco parlamentario, por lo que el ministerio de Hacienda ha decidido finalmente elevar dicho mínimo.
Ante las críticas recibidas por los umbrales establecidos en un principio, el ministro de Hacienda, se comprometió ante los representantes de CEOE, Cepyme, CC OO y UGT, Juan Rosell, Jesús Terciado, Ignacio Fernández toxo y Cándido Méndez, respectivamente, a cambiar la propuesta, una modificación que ahora se materializa.
A principios de mes, Montoro ya adelantó que el proyecto de ley establecería un mínimo exento superior, aunque no especificó cuantía. Según señaló entonces el ministro, las indemnizaciones por despido exentas del pago del IRPF superarían el 80%.
Desde el ministerio se ha defendido que las indemnizaciones por despido deben tributar, como lo hacen en todos los países europeos salvo en Francia.
La intención del Gobierno era, según señaló en su momento, aplicar la nueva tributación a todas las indemnizaciones por despidos producidos a partir del pasado 20 de junio, que fue cuando anunció el anteproyecto de ley de reforma fiscal.
Hasta ahora, las indemnizaciones por despido solo tributaban si superaban el máximo que marca la ley (los 45 días por año trabajado antes de la reforma laboral y los 33 días tras la reforma).
Encima de la mesa se plantearon dos posibilidades. Por un lado, establecer el límite de exención en 4.000 euros anuales o seguir el ejemplo vasco y navarro y fijar un tope total de 180.000 euros. Finalmente, Montoro señaló que se ha impuesto esta segunda opción y, por lo tanto, la indemnización que reciban los trabajadores por despido tributará como rendimiento del trabajo a partir de 180.000 euros.
Por ejemplo, un contribuyente que reciba tras ser despedido 200.000 euros, tributará por 20.000 euros. Además, ese importe tendrá, con carácter general, derecho a la reducción por rentas obtenidas de forma irregular y con un período de generación superior a dos años. Actualmente, la reducción es del 40%, pero con la reforma fiscal se reducirá al 30%. Así, siguiendo el ejemplo propuesto, la parte de indemnización que se imputaría como rendimiento del trabajo en el IRPFse situaría en los 14.000 euros.
Por otra parte, el Ejecutivo ya penalizó en la primera parte de la actual legislatura las indemnizaciones que superasen el millón de euros. El Ministerio de Hacienda también se planteó que el gasto de las indemnizaciones por despido fuera no deducible para las empresas en el impuesto sobre sociedades. Una idea que finalmente ha quedado descartada y no se incluirá en la reforma tributaria, que el Consejo de Ministros aprobará el próximo viernes 1 de agosto.
Más allá del trato fiscal a las indemnizaciones por despido, los cambios fiscales serán de calado en el IRPF. Los actuales siete tramos pasarán a cinco y el tipo mínimo bajará del 24,75% al 20% en 2015 y al 19% en 2016. El gravamen máximo del 52% bajará el próximo año al 47% y, el siguiente, al 45%. Además, se incrementarán los mínimos personales y familiares, es decir, la parte de renta exenta de tributación por considerarse que sirve para cubrir las necesidades básicas de los contribuyentes.
Si bien la reforma fiscal que entrará en vigor el 1 de enero de 2015 supondrá una rebaja de impuestos en su conjunto, hay medidas en sentido contrario como la supresión de las correcciones monetarias y de los coeficientes de abatimiento en las ganancias patrimoniales. Ello afectará especialmente a los contribuyentes que vendan una vivienda antigua. El coste fiscal de vender una casa este año o el siguiente puede ser muy notable.
También mejora el impuesto sobre sociedades
El Gobierno también mejorará en la reforma fiscal los incentivos a la generación de fondos propios. El borrador presentado en junio contemplaba una reserva de capitalización que dejaba exento de tributación hasta un 10% de los beneficios que la empresa destinara a incrementar sus fondos propios. Este incentivo fiscal se mantiene y se refuerza. El texto definitivo que aprobará el Consejo de Ministros señala que el límite a la compensación por pérdidas generadas en el pasado se calculará sobre la base imponible existente antes de aplicar la nueva reserva de capitalización. Ello supone un cambio respecto al borrador que, en la práctica, eleva el incentivo fiscal.
El Gobierno sostiene que el elevado endeudamiento empresarial, que ha supuesto un fuerte lastre durante el período de crisis económica; fue incentivado desde el sistema fiscal español durante años. Así, la posibilidad de deducir sin ningún tipo de límite los gastos financieros invitaba a las compañías a acometer sus inversiones casi exclusivamente a través de créditos bancarios, en lugar de recurrir a los fondos propios. Al inicio de la legislatura, el Ejecutivo ya limitó la deducibilidad del gasto financiero al 30% del beneficio operativo. Esta medida tuvo un coste para las empresas en torno a los 1.000 millones de euros en 2012.
La reforma fiscal que aprobará el Gobierno el próximo viernes contempla una rebaja del tipo general del impuesto que actualmente asciende al 30% y se sitúa entre los más elevados de la UE. El gravamen se reducirá hasta el 28% el próximo año y bajará al 25% en 2016. Las pymes aplicarán el mismo tipo, aunque tendrán incentivos particulares que les permitirán rebajar el tipo efectivo.