Entre el apoyo de los usuarios y las dudas sobre su legalidad
Los gobiernos no tienen claro que prohibir sea la solución
De Madrid a Barcelona y vuelta a la capital. De la Puerta del Sol, al sol de las playas andaluzas. Estas son dos de las rutas que habitualmente realiza Álvaro López de Quadros, usuario habitual de Blablacar. Sus escarceos no tienen nada que ver con exigencias del trabajo. Viaja por placer y comodidad. A través de este sistema en el que el intercambio es la clave, Álvaro puede ofrecer su coche a otros pasajeros u ofrecerse como turista en otro vehículo con el fin de compartir gastos. “Es una experiencia superior al resto de transportes, tanto por la comodidad, como por la personalidad”, comenta. “Ahora tengo más facilidad turística y puedo permitirme más viajes, incluso con lo que ahorro, gasto más en otros sectores como la hostelería”, afirma.
La satisfacción de este usuario es solo un ejemplo del grado de bienestar que suelen reflejar la mayoría de consumidores de estas plataformas colaborativas. Sin embargo, y según la aplicación Compartir Tren Mesa Ave, este nivel de complacencia no tiene por qué ir ligado a la mejor relación rapidez-ahorro. Esta plataforma ha realizado un estudio en el que concluye que viajar más barato supone ir más despacio. En defensa de la utilización del AVE como medio de locomoción, argumentan que por un trayecto Madrid-Alicante, la diferencia entre ir en coche o autobús a ir en tren sería de unos cinco euros. Mientras que la diferencia de tiempo sería mucho más grande, ya que viajando en tren ahorrarían en torno a dos horas. Según la OCU, y en cualquier caso, la multiplicidad de opciones “impulsa una sociedad más eficiente, más cooperativa y capaz de hacer más con menos”.
En cualquier caso, la multioferta deja a la economía colaborativa en un contexto con unas perspectivas a corto plazo muy positivas. A la espera de que comience la regulación de estas actividades, tal y como reclaman cada vez más voces, los portales siguen avanzando y multiplicando su número de usuarios.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) asegura en su blog que “las respuestas deben ser proporcionales al problema. Prohibir es una herramienta excesivamente fácil y que requiere especial cuidado”.
Mientras, los sectores tradicionales se encuentran en un punto de estancamiento, en el que no pueden o no saben aprovechar esta coyuntura. Los expertos dicen que en la tecnología está el futuro y tanto estos como las leyes deberán adaptarse al mercado tecnológico. No obstante, Albert Cañigueral, del portal www.consumocolaborativo.com admite que “son situaciones complicadas en sectores hiperregulados. El hecho de que aparezcan actores con ventajas tecnológicas crea un debate lógico”. En opinión de Cañigueral, el Gobierno está empezando a dar los primeros pasos para la regulación del sector, en concreto en el área del crowdfunding. Para la correcta utilización de estos servicios, esta web aconseja a las autoridades una ley que aúne los compromisos fiscales, la legalidad laboral, la protección de datos, el reparto de licencias y autorizaciones y un régimen de responsabilidad.
Las mismas fuentes aseguran que “el surgimiento de estos conflictos no parece estar planteándose, por el momento, desde una lógica de encaje normativo e interés público; sino más bien como consecuencia de las exigencias de sectores concretos que ven un impacto negativo en sus cuotas de mercado”.
Primeras multas y primeras polémicas
Uber está siendo una de las plataformas más polémicas. A las huelgas realizadas por taxistas en Madrid y Barcelona, se le ha sumado en los últimos días una orden de las autoridades catalanas a actuar contra la plataforma imponiendo multas de hasta 4.000 euros a los conductores que utilicen este servicio. No será fácil constatar su supuesta ilegalidad, ya que los agentes cuentan con pocos medios para ello. Uno será hacer capturas de pantalla a usuarios de la aplicación, además de entrevistas por separado, tanto a conductores, como a clientes.
Por su parte, Uber ha publicado un comunicado oficial en el que muestra su deseo de abrir un diálogo con el Ayuntamiento de Barcelona “para continuar aportando mayores alternativas a ciudadanos y visitantes”. En la nota subraya el carácter no definitivo de la sanción y hace hincapié en que la plataforma está instaurada ya en 140 ciudades de 40 países de todo el mundo. Airbnb, portal de alquiler de espacios para el uso compartido, ha sido la otra web que ha sido multada por la Generalitat de Cataluña. En concreto, 30.000 euros son los que deberá abonar al utilizar casas que no estaban inscritas en el Registro de Turismo. Desde la entidad defienden su actividad con datos. Según Airbnb, su comunidad de usuarios aporta 128 millones de euros a la economía de Barcelona, ya que al pagar menos por alojarse están más días de vacaciones y gastan más dinero en otros sectores que también se ven beneficiados como el hostelero o el ocio.