REE y Bolivia se dan 60 días para llegar a un acuerdo
Red Eléctrica de España (REE) y el Gobierno de Bolivia se han marcado este lunes un plazo de sesenta días para llegar a un acuerdo definitivo por la nacionalización de la empresa Transportadora de Energía (TDE), según informa la Embajada de Bolivia en España en un comunicado tras una nueva reunión entre ambas partes en Madrid.
El procurador general de Bolivia, Héctor Arce, ha asegurado que el Estado boliviano y Red Eléctrica estarían cerca de establecer las bases sobre las cuáles podrían llegar a un acuerdo “en beneficio del pueblo boliviano, lo que pondría fin a la controversia entre ambas partes por la nacionalización de la empresa Transportadora de Energía”.
“El día de hoy nos hemos propuesto un plazo de sesenta días para poder alcanzar un acuerdo final y definitivo con Red Eléctrica, lo que demuestra una vez más la buena fe y el apego a la normativa internacional con que el Estado boliviano, a la cabeza del Presidente Morales, ha venido llevando adelante el proceso de nacionalización”, afirmó Arce.
Según explica la Embajada, estos avances en la negociación se han alcanzado en una nueva reunión entre ambas partes en la que participaron el subprocurador de Defensa y Representación Legal de Bolivia, Pablo Menacho, así como los representantes de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), incluido su presidente ejecutivo, Arturo Iporre.
El Gobierno boliviano llevó a cabo en 2012 la expropiación a Red Eléctrica de España (REE) de su filial Transportadora de Electricidad (TDE).
El pasado mes de febrero, el presidente de REE, José Folgado, ya anunció que la empresa había presentado una demanda de arbitraje internacional contra Bolivia.
“Se presenta una notificación de arbitraje por disparidad entre las ofertas recibidas y los importes que a REE le parecen legítimos”, afirmó entonces Folgado, en alusión a las propuestas de indemnización presentadas por el Gobierno boliviano.
REE asignaba un valor en libros a su filial boliviana de 165 millones de dólares conforme a las auditorías realizadas por PwC, una cifra a la que no se acercaban “ni de cerca” las propuestas de Bolivia.