Editorial

Optimizar el control de las bajas laborales

El proyecto de ley para reformar las mutuas y la gestión de la incapacidad temporal que el Gobierno aprobó el viernes constituye un plan integral con dos grandes objetivos bien diferenciados. El primero es dotar a estas entidades de un marco jurídico capaz de optimizar su actividad y reforzar su transparencia; el segundo, ahorrar al menos unos 300 millones de euros anuales, el 7,6% del total, en las prestaciones públicas por bajas laborales. En el primer caso, el Ejecutivo ha optado por regular de forma exhaustiva todos los cargos, sueldos, contratos y normas de funcionamiento de las mutuas, que con la nueva ley pasarán a denominarse mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. Ello incluye, entre otros aspectos, delimitar las funciones del presidente y el gerente de estas sociedades, así como las retribuciones que ambos altos cargos puedan percibir. Estas en ningún caso podrán ser superiores a las asignadas al presidente de una empresa pública: 160.000 euros anuales.

La segunda reforma de la ley apunta directamente a extremar el control sobre el gasto en las bajas laborales. Pese a que la factura de esa partida ha ido rebajándose en los últimos años –hasta con descensos superiores al 10% interanual– el Ejecutivo quiere abordar con mano firme las ineficiencias que lastran el sistema. El texto faculta a los médicos de las mutuas para hacer propuestas de alta desde el primer momento y no a partir del decimoquinto día de baja, como ocurre actualmente. A ello hay que añadir una regulación de plazos para que esas propuestas sean respondidas con prontitud por los médicos del sistema público de salud y, en caso de que estos no lo hagan o no haya acuerdo, por la inspección de la Seguridad Social.

Aunque no existen datos oficiales al respecto, en el sector se manejan cifras que sitúan en un 60% las propuestas de altas médicas de las mutuas que no llegan siquiera a ser evaluadas. A ello hay que sumar el hecho de que desde el inicio de la crisis, el absentismo laboral ha disminuido en España, lo que apunta a que se trata de un problema cuya magnitud, en ciertos casos, tiene más que ver con la ausencia de control y la falta de disciplina personal que con la salud. La lucha contra las bajas laborales abusivas constituye así uno de los grandes frentes que hay que abordar en la batalla por recuperar la competitividad de la economía española. Un frente en el que los facultativos de las mutuas y los de la sanidad pública deben trabajar en régimen de recíproca y sana colaboración. Más allá de la letra de la ley, la gran tarea en este campo no pasa solo por optimizar el control sobre las incapacidades temporales, sino también por trasladar a los profesionales médicos que el coste de las bajas innecesarias repercute en todo el sistema y supone un lastre para el bolsillo de todos los españoles.