Caso Gowex': Jenaro García declara en la Audiencia
Dos asociaciones, el Partido Político Perjudicados por las Preferentes (PPPR) y Activa Gowex Asociación de Afectados, y un particular han pedido su personación como acusación en la investigación abierta en la Audiencia Nacional contra el expresidente de Gowex, Jenaro García, por falsear cuentas.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dado un plazo de cinco días a un partido político, una asociación y un perjudicado que han solicitado personarse en la causa abierta contra el expresidente de la empresa de servicio de wifi Jenaro García por falsear las cuentas de su compañía, según informaron fuentes jurídicas.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 ha dado un plazo de cinco días a las dos acusaciones populares y a la acusación particular para que subsanen los defectos formales derivados de la falta de documentación en los escritos aportados. Por ejemplo, faltan sus estatutos, poderes de representación o la acreditación de la condición de perjudicado.
La Asociación Activa Gowex y el Partido de los Perjudicados por las Preferentes presentaron las querellas el pasado 9 de julio. Además, la Asociación Europea de Inversores Profesionales (Asinver) presentó un escrito ante la Fiscalía para pedir la detención de García, así como un registro de las sedes con el fin de evitar el riego de fuga y destrucción de pruebas.
El que fuera dueño de Gowex Jenaro García Martín ha llegado en coche y acompañado de sus abogados con más de una hora de antelación a su cita en la Audiencia Nacional, donde ha sido llamado a declarar en calidad de imputado por delitos societarios. El juez Pedraz le pidió también que aportara su ordenador personal y su teléfono móvil.
El magistrado considera que los hechos que imputa al que fuera máximo responsable de la compañía de redes wifi pueden constituir inicialmente delitos societarios en su modalidad de falseamiento de cuentas, recogidos en el artículo 290 del Código Penal, y delitos relativos al mercado de los consumidores, concretamente el de falseamiento de información económica y financiera, así como uno de uso de información relevante.
En el escrito de admisión de la investigación, el juez acoge los argumentos del fiscal anticorrupción, que se ha mostrado favorable a la admisión a trámite del procedimiento, y explica que los delitos a investigar a partir de ahora “afectan a una generalidad de personas, en calidad de inversores, y que también se extienden fuera del territorio nacional, lo que determina la competencia de la Audiencia Nacional.
A su entender, los hechos tienen la apariencia de una defraudación que causa grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, con repercusión en la economía nacional y perjuicio a una generalidad de personas en el territorio de más de una audiencia.
García, informó a través de su perfil de Twitter, que había realizado una confesión “voluntaria” sobre el falseamiento de las cuentas de su empresa en los juzgados y que estaba dispuesto a asumir las consecuencias y colaborar con la justicia.
En la confesión, de un folio, incluía nueve puntos en los que ofrecía información financiera y fiscal y reconocía que los resultados de los últimos ejercicios no eran reales. “Realizada mi confesión voluntaria en los juzgados, estoy dispuesto a asumir las consecuencias y colaborar con la justicia. Encaro las cosas”, señaló en la red social. Había utilizado su cuenta horas antes para pedir disculpas. “Pido perdón a todos. Lo siento de todo corazón”, aseguró el directivo.
En un comunicado publicado hace unos días en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), la compañía anunciaba que García había dimitido tras reconocer que las cuentas de, al menos, los últimos cuatro años “no reflejan su imagen fiel” y atribuyéndose la “autoría de esta falsedad”.
La dimisión de García se produjo después de que las acciones de Gowex, suspendidas desde el jueves de cotización, se desplomasen un 60% y perdieran casi 870 millones de capitalización bursátil tras la publicación de un informe de Gotham City Research en que se depreciaba el valor de los títulos de la firma española hasta los 0,00 euros, asegurando que el 90% de las ventas del grupo no existían.
La compañía ha presentado en los Juzgados de lo Mercantil de Madrid el preconcurso de acreedores. Los trabajadores han anunciado que emprenderán acciones legales para mantener su actividad.
