Nueva ley de capital riesgo con atención a pymes
El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley que regula las entidades de capital riesgo y las entidades de inversión colectiva de tipo cerrado. En el texto se incluye la creación de la figura de entidad capital-riesgo pyme, que invertirá al menos el 70% de su patrimonio en pymes, pudiendo hacer uso tanto de instrumentos de capital, como de préstamos participativos y de deuda para proveer de financiación a estas empresas.
El Ejecutivo ha realizado estos cambios con el fin de favorecer las fuentes de financiación directa para las empresas, que en la actualidad dependen en exceso de la financiación bancaria.
En capital riesgo el objetivo que persigue el Gobierno es reorientar la inversión hacia la financiación de las empresas en las primeras etapas de desarrollo y expansión, con nuevas figuras y fórmulas de financiación más flexibles.
Además, se traspone la directiva comunitaria de gestores de fondos de inversión alternativa, lo que implica nuevas normas en cuanto a estructura, organización, gestión de riesgos y remuneraciones para las gestoras y un nuevo régimen de comercialización y gestión transfronteriza con pasaporte europeo.
La norma flexibiliza el régimen financiero de las entidades de capital riesgo, con diversos ajustes para facilitar la operativa de estas entidades, como un mayor uso de los préstamos participativos, más flexibilidad en el cálculo de plazos de cumplimiento del coeficiente obligatorio de inversión y la posibilidad de que los fondos de capital riesgo puedan distribuir resultados periódicamente.
El proyecto de ley traspone la directiva de gestores de fondos de inversión alternativa, que fija el marco armonizado de condiciones de autorización, comercialización, conducta y organización de las gestoras de estos fondos de inversión a nivel europeo.
Estos fondos se corresponden con las entidades de capital riesgo, las entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las instituciones de inversión colectiva no armonizadas, como son las IIC de inversión libre (los hegde funds) o las IIC inmobiliarias.
Entre las principales novedades destaca la agilización y reducción de las cargas administrativas en el régimen de entidades de capital riesgo, ya que el régimen de autorización se mantiene exclusivamente para sus gestoras.