Editorial

Un sistema de pensiones poco sostenible

El hecho de que el coste mensual de las pensiones contributivas españolas haya roto en junio la barrera de los 8.000 millones de euros constituye algo mucho más relevante y bastante más inquietante que un mero récord histórico. Más aún porque la factura llega tras haberse incrementado la partida presupuestaria correspondiente a ese gasto un 3,2% respecto al mismo mes de 2013. Los motivos que explican este crecimiento son muy simples: el número de pensiones que atiende el sistema ha ido aumentando en los últimos años, como también lo ha hecho la cuantía media de las prestaciones. En el primer caso, las pensiones contributivas suman ya más de nueve millones. En el segundo, su cuantía media alcanza los 871 euros. En el caso de las prestaciones por jubilación, ese importe roza los 1.000 euros.

Pese a la alarmante curva de ascenso que dibujan estas cifras, hay que reconocer que España ha moderado el ritmo de crecimiento de gasto del sistema, que en 2013 llegó a aumentar cerca de un 5%. La receta para ralentizar esa evolución ha incluido tres ingredientes. Por un lado, la subida casi nula que han experimentado las prestaciones durante este ejercicio, salvo el mínimo que establece la ley. Por otro, el retraso de la edad legal de jubilación hasta los 65 años y dos meses, así como las limitaciones impuestas por el Gobierno desde marzo del año pasado a la jubilación parcial y anticipada. Todo ello supondrá un ahorro de alrededor de 1.800 millones de euros este año.

Sin embargo, las cifras demuestran que esas medidas de contención no son suficientes. La caja de las pensiones, a día de hoy y si no se adoptan sólidas medidas correctoras, no resulta sostenible ni en el corto ni en el medio ni en el largo plazo. En el corto plazo, dado que el sistema arrastra un déficit por encima del 1% y las proyecciones de crecimiento del empleo no son suficientes para recomponer los ingresos. Las previsiones del cuadro macro sobre el mercado de trabajo apuntan a un aumento del 0,6% este año y del 1,2% el próximo, un ritmo manifiestamente insuficiente para compensar la sangría de gasto en prestaciones. También en el medio plazo, por la misma naturaleza del sistema, que alimenta al alza el coste medio de cada pensión, ya que las nuevas son de cuantía muy superior que las que salen. Y, por último, a largo plazo, por la preocupante evolución de una curva demográfica que se ha convertido en una verdadera bomba de tiempo.

Las sombras sobre el futuro de las pensiones constituyen un problema social, pero también económico. La buena salud del sistema contributivo apuntala la confianza de los ciudadanos en que al final de su vida laboral les aguarda cierta seguridad financiera. Ello constituye una premisa fundamental para el crecimiento y el futuro de cualquier economía. El Gobierno debe intensificar la vigilancia.