El estado comprará a Bouygues el 20% de la multinacional

General Electric se hace con Alstom tras el visto bueno del Gobierno francés

Arnaud Montebourg, ministro de economía francés.
Arnaud Montebourg, ministro de economía francés.

El ministro francés de Economía, Arnaud Montebourg, anunció hoy que el Gobierno opta por la oferta del estadounidense General Electric (GE) sobre las actividades energéticas de Alstom, pero con “duras condiciones” para mantener la inversión y el empleo en territorio galo.

Montebourg lo anunció tras reunirse con el presidente de Francia, François Hollande, y los dirigentes de General Electric, por un lado, y por otro con los del alemán Siemens y el japonés Mitsubishi, que habían hecho otra oferta alternativa.

El ministro indicó que el Estado entrará en el capital de Alstom con el 20%, lo que le convertirá en el principal accionista del grupo gracias a la compra del capital que en el grupo tiene Bouygues, y garantizará así que se mantenga el empleo y la inversión en territorio francés.

“Supone el retorno del Estado francés a la política industrial del país”, señaló el ministro, miembro del ala más intervencionista del Partido Socialista (PS).

Alstom y General Electric crearán tres empresas conjuntas que englobarán las actividades de energía nuclear de ambos grupos, de redes eléctricas y de renovables, precisó Montebourg.

La oferta de General Electric, que tendrá que ser ahora aprobada por el consejo de administración de Alstom, que se reunirá antes del lunes próximo, valoraba estas actividades en 12.350 millones de euros, unos 16.700 millones de dólares.

El acuerdo prevé también la posible compra por Alstom de las actividades de señalización de transportes de General Electric por unos 1.000 millones de euros, indicó Montebourg.

El primer ministro francés, Manuel Valls, confirmó esta elección y aseguró que la alianza “creará un gran líder en el mundo con gran importancia en los sectores de la energía, las renovables y los transportes”.

“Es una victoria colectiva de Francia”, indicó el jefe del Gobierno, que maniobró inicialmente para frenar la oferta de General Electric.

Para ello, el Ejecutivo francés hizo entrar en competencia al alemán Siemens, aliado posteriormente con el japonés Mitsubishi, para asegurarse una subasta que incrementara el precio.

De esta forma, el grupo estadounidense no solo se ha visto a incrementar su precio inicial, sino que además ha tenido que renunciar a su proyecto de absorción de Alstom para conformarse con la creación de una empresa conjunta que englobe las actividades energéticas de ambos grupos.

A partir de ahí, París ha trabajado para obligar a General Electric a aceptar sus condiciones sobre el mantenimiento del empleo, la inversión y las sedes en territorio francés.

Montebourg detalló algunas de las condiciones impuestas, “duras pero necesarias”, según dijo, para mantener la independencia energética francesa, el empleo y las sedes de decisión del conglomerado en territorio galo.

Además de ser el principal accionista de Alstom, el Estado se asegura un derecho de veto sobre las decisiones del grupo y la posibilidad de aprobar el nombramiento de la mitad del consejo de administración del nuevo conglomerado, además de su presidente.

General Electric deberá comprometerse a mantener la actual plantilla del grupo y a crear 1.000 empleos suplementarios so pena de una penalización financiera en caso de incumplimiento de ese punto, explicó Montebourg.

Todo ello gracias al decreto adoptado en mayo pasado que permite la intervención del Estado en los sectores estratégicos frente a grupos extranjeros.

Especial atención prestará el Estado francés a no perder la propiedad intelectual de la tecnología desarrollada por Alstom, en particular en el terreno nuclear, donde el industrial es uno de los principales fabricantes de centrales atómicas conjuntamente con los también franceses EDF y Areva.

En el terreno político, la decisión del Gobierno galo supone un giro en la negativa hasta ahora a intervenir directamente en las empresas y es interpretado como un triunfo de las tesis de Montebourg en el seno del Ejecutivo.

Valls lo defendió como la obligación de “defender los sectores estratégicos” para evitar la sangría de puestos de trabajo industriales de los últimos diez años.