Reforma eléctrica, primer ‘año triunfal’

Tendidos eléctricos.

Hace ahora un año el sector eléctrico esperaba con expectación y nerviosismo la reforma casi integral del sistema que el Gobierno había encomendado al nuevo secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, con el fin de acabar con el déficit de tarifa, que ascendía a 26.000 millones. En apenas seis meses, y con la única ayuda a título personal de un equipo de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), organismo cuya disolución ya había puesto en marcha por entonces el Gobierno de Mariano Rajoy, Nadal elaboró un vasto paquete normativo que vio la luz a mediados de julio.

 Nada más y nada menos que una docena larga de normas formaban el paquete de la reforma: un real decreto ley de medidas urgentes; una nueva Ley Eléctrica (la anterior había sido obra del primer Gobierno del PP), así como varios reales decretos, órdenes ministeriales y resoluciones. Sin embargo, entre tantísima medida, el reformador se olvidó del mercado y del sistema de subastas financieras que fijaban las tarifas de los usuarios domésticos en cada trimestre.

Un mecanismo al que el propio ministro de Industria, José Manuel Soria, habían dado su bendición hasta la catástrofe de la subasta de diciembre que forzó al Gobierno a una intervención sin precedentes de los precios y a diseñar un nuevo sistema, en opinión de muchos, poco meditado. Unos precios horarios para el pequeño consumidor que, junto al recorte de las renovables, se ha convertido en la medida más polémica de la reforma, cuyas consecuencias resultan impredecibles. No obstante esta incógnita, Soria y Nadal no dudan en repetir que estos experimentos energéticos españoles son un modelo para otros países, que ya se disponen a copiarlos.

Pese a las prisas con que se abordó la reforma, que se preveía casi toda ella en vigor el 1 de enero pasado, una parte de la misma sigue empantanada (tal es el caso de la nueva retribución de las renovables que supone la desaparición de las primas, aunque las siguen cobrando a cuenta desde julio pasado); algunas normas se han modificado dos veces (como la de interrumpibilidad) o se han recurrido (la de la distribución) y otras, en su mayoría reglamentos, aún no han visto la luz.

Pese a las prisas con que Nadal abordó la reforma, una parte sigue empantanada

El Gobierno pisó el acelerador en las de mayor rango: el real decreto ley de medidas urgentes que avanzó el recorte de las renovables; la nueva ley eléctrica que supuso una modificación de escasa calidad de la ley de 1997 y que fue aprovechada para endosar el déficit de tarifa del año pasado a las grandes eléctricas (unos 3.200 millones de euros) y algunos reales decretos, como el de la retribución de la distribución, pero se ha atascado en sus desarrollos.

Además de la nueva normativa de renovables (aún falta la orden de parámetros que podría ser publicada hoy o mañana en el BOE), quedan por ser aprobados los decretos de la nueva regulación de los sistemas extrapeninsulares; el de liquidaciones de las redes; el reglamento del decreto de suministro eléctrico y el de pagos por capacidad.

Estos dos últimos son de suma importancia: el de suministro cambiará las actuales condiciones para tener derecho al bono social de la tarifa, que dejará sin este descuento a más de la mitad de los actuales beneficiarios (unos tres millones actualmente) y con el de pagos por capacidad se desvelará la incógnita de qué pasará con la hibernación de las centrales de ciclo combinado. Estas arrastran una situación dramática con un nivel de utilización del 7%.

En principio, la hibernación se hará por subasta y afectará a las centrales que determine el operador del sistema, REE. Las propietarias de los ciclos reclaman pagos por capacidad adecuados que cubran los costes de mantenimiento o, de lo contrario, que el Gobierno permita su cierre. En este sentido, la única que ha dado un paso al frente ha sido Iberdrola, al solicitar hace casi un año el cierre de uno de sus grupos de Arcos de la Frontera. En febrero, Industria dijo que no, pero la decisión no es definitiva.

A casi un año vista, el único gran éxito del Gobierno (que ni siquiera forma parte de la reforma de Nadal) ha sido el de lograr fondos públicos para el sistema eléctrico extraídos del propio sistema. Esto es, de los impuestos energéticos que entraron en vigor en enero de 2013 y que se han convertido en un arma de doble filo ya que la tardanza de Hacienda en liberar esos fondos (hasta la décima liquidación, de octubre, no pagó 1.500 millones que debía) provoca sistemáticamente un desfase en los ingresos que obliga a las empresas reguladas a financiar las diferencias. En otras palabras, el fisco se estaría financiando con el sistema eléctrico y no al revés.

Un sistema, por otra lado, endeble, pues nada impediría a Hacienda quedarse en un futuro con estos impuestos pues, como recuerdan en el sector, estos no pueden ser finalistas.

Tras prometer déficit de tarifa cero en 2013 gracias a un crédito extraordinario de 2.200 millones que nunca llegó, el Gobierno escondió este desfase debajo de la alfombra de las eléctricas. Una decisión que, según Soria, desencadenó la venganza de las empresas que optaron por “manipular burdamente” el mercado, en palabras del ministro.

Y lo ha vuelto a prometer para este año, quizá con más credibilidad pues los 900 millones que aportará Hacienda ya están incluidos en los Presupuestos de este año. Queda por ver si se mantiene este compromiso para 2015; en qué queda la recuperación económica y, con ella, la de los ingresos del sistema y a cuánto ascienden los recortes de las energías verdes y la cogeneración.