El tipo nominal para las pymes no bajará y se mantendrá en el 25%
Mantener un tipo único era una de las propuestas de la comisión Lagares La mayoría de las deducciones se eliminarán, excepto las de I+D y reinversión
El Ejecutivo fijará un tipo único en el impuesto sobre sociedades, una idea cuyo máximo defensor es Manuel Lagares, presidente del comité de expertos para la reforma fiscal. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya anunció que el gravamen del 30% en el impuesto sobre sociedades bajaría al 25% en dos años. En ese momento, organizaciones empresariales reclamaron que, en correspondencia, su gravamen vigente del 25% también se redujera en cinco puntos.
Sin embargo, la tesis de Hacienda pasa por mantener un tipo del 25% con carácter general para todas las empresas. Aunque fuentes conocedoras de la reforma fiscal indican que las pequeñas y medianas empresas contarán con instrumentos para que su gravamen efectivo –el tipo que realmente pagan en función de sus beneficios– sea menor. Actualmente, se da la paradoja de que a pesar de que existen dos tipos diferenciados, uno del 30% para grandes empresas y otro del 25% para pymes, el elevado número de beneficios y deducciones fiscales permite que una gran multinacional pueda acabar pagando en términos relativos menos impuestos que un pequeño negocio. Acabar con esta situación es una de las intenciones de Hacienda, que insiste en que su objetivo es que el tipo nominal se acerque al efectivo.
Para ello, la mayoría de deducciones del impuesto sobre sociedades se eliminarán, aunque se salvará la exención por gastos en I+D y por reinversión. La industria cinematográfica también contará con beneficios específicos, ya que el Ejecutivo no se plantea dar marcha atrás y rebajar el IVA cultural. El resto de deducciones se eliminarán o limitarán al máximo para la gran empresa, mientras que las pymes contarán con nuevos instrumentos que les permitan rebajar su tipo efectivo bajo determinadas condiciones.
Hacienda entiende que establecer un mismo tipo nominal para todas las empresas con independencia de su tamaño otorgará una mayor simplicidad a este tributo. La legislación del impuesto sobre sociedades contempla que las empresas con una facturación inferior a los 10 millones de euros tienen la consideración de compañías de reducida dimensión y, por lo tanto, tributan al 25% para los primeros 300.000 euros de beneficio. Para los expertos fiscales que elaboraron el informe de la reforma fiscal, el actual modelo supone una barrera al crecimiento empresarial porque la legislación penaliza fiscalmente a las empresas más grandes.
Lagares señaló en un artículo incluido en el libro Manual Completo del Impuesto sobre Sociedades publicado recientemente por EY Abogados que este sistema genera “situaciones de injusticia relativa entre entidades y problemas de errores de salto cuando se sobrepasa por poco el nivel del índice elegido para diferenciar el tipo de gravamen”. Además, señala que los regímenes especiales pueden incentivar que una empresa fragmente su actividad o rechace una integración en una estructura mayor para mantener un tipo más bajo, “lo cual no suele ser beneficioso para la economía en su conjunto”.
De hecho, además del gravamen del 30% y del 25%, se han establecido regímenes transitorios que permiten que algunas empresas puedan aplicar un tipo del 20% si mantienen o crean empleo o,incluso del 15% para las pequeñas sociedades de nueva creación. El informe del comité de expertos defendía que las tarifas progresivas en el impuesto sobre sociedades no tenían sentido cuando uno de los problemas de España es, precisamente, el pequeño tamaño de sus empresas. Los últimos datos del Ministerio de Hacienda reflejan que el 82% de las 1,4 millones de compañías que tributan por el impuesto sobre sociedades son pymes y, por lo tanto, tienen derecho a acogerse al régimen de empresas de reducida dimensión.
Fomentar la capitalización
La reducción de deducciones y beneficios fiscales que incluirá la reforma fiscal supone una continuación de la política seguida por el Gobierno de Mariano Rajoy, que ya en 2012 inició un recorte de las exenciones. La principal medida fue limitar la deducibilidad del gasto financiero al 30% del beneficio operativo. Hasta ese momento, no existía ninguna restricción, lo que invitaba a las empresas a endeudarse y acometer inversiones con financiación ajena. Ello contribuyó al excesivo endeudamiento empresarial que dejó en una situación de elevada vulnerabilidad a las sociedades cuando arreció la crisis económica.
Para el Ejecutivo, la senda abierta con la restricción de la deducción de los gastos financieros debe completarse con medidas que incentiven la capitalización de las empresas. Por ello, como ya anunció Rajoy, se establecerán incentivos tributarios para las empresas que acometan inversiones con recursos propios. Los expertos fiscales coinciden en que esta medida debería haberse adoptado muchos años atrás. Aunque también es verdad que resulta fácil hablar a toro pasado.