Una reforma fiscal ajustada a la economía
El próximo viernes, el Consejo de Ministros, si se cumplen las previsiones que hay en su agenda, pondrá negro sobre blanco una reforma fiscal integral que lleva preparando varios meses y que emana directamente del imperativo político que supone el programa electoral del Partido Popular (PP). El Gobierno que preside Mariano Rajoy se apresta a ejecutar los cambios en el que será el último año de la legislatura, en 2015. Y lo hará después de haber aplicado durante tres ejercicios completos una suerte de contrarreforma tributaria impuesta por la situación de insolvencia en la que amenazaba con entrar una España que estaba en el ojo del huracán de la crisis de deuda.
La oportunidad de echar a rodar ahora una reforma tributaria es debatible. Solo si hay garantías plenas de que no hay pérdida de ingresos para el Estado es oportuno el cambio, y siempre que se articule de tal forma que, respetando la suficiencia, se inyecte una notable mejora a la expectativa de los agentes económicos para dar un salto en la capacidad de consumo e inversión. No vale, por tanto, cualquier reforma. España acaba de salir de una crisis de solvencia dramática, solo superada por las decisiones del Banco Central Europeo (BCE) y por las exigentes medidas de ajuste de gasto practicadas por el Ejecutivo popular. Y no puede tentar a la suerte del ciclo si existe una vez más la posibilidad de poner las finanzas públicas a los pies de los caballos. Por tanto, y dado que la deuda pública está a punto de desbordar el 100% del PIB, un umbral arriesgado para una economía con crecimiento apocado, los cambios deben ser muy medidos y proporcionar mayor capacidad de generar recursos al erario público. Todo un reto.
Sin embargo, la idea proyectada en los últimos meses, que tiene su raíz en un programa liberal del Partido Popular, es que la reforma debe bajar los impuestos a toda costa. Y esta vieja idea ha sido reforzada en las últimas semanas por el pequeño tsunami electoral experimentado en las europeas en las que el grueso de seguidores del PP se quedó en casa. Un grupo que ahora debería ser combativo con la gestión política de la economía, defendiendo que se ciña a las esencias de la clase media que respaldó a Mariano Rajoy en su camino hacia Moncloa.
El Ejecutivo ha proyectado en los 30 primeros meses de gestión una manera práctica de gobernar, de tomar las decisiones independientemente de las consecuencias políticas, con el único objetivo de recomponer una economía debilitada, anticompetitiva y amenazada de ser engullida por la crisis de la deuda y del euro. No debería abandonar tales criterios, porque nunca se está definitivamente fuera de la zona de peligro, y menos en una economía global en la que hay varias piezas que siguen sin encajar del todo.
Rajoy y Montoro deben aplicar la reforma fiscal que necesita la economía, haciendo abstracción de los excesos de la política. Cada Gobierno empieza, desde que gana unas elecciones a ver cómo puede ganar las siguientes, y este no es ajeno a ese proceder. Pero lo importante es consolidar la recuperación de la economía y proporcionarle un potencial de crecimiento que aleje las vulnerabilidades que la atenazan. Tiene la oportunidad de hacer una reforma fiscal integral, tocando todos los impuestos para proporcionar mayores dosis de renta estructural a la ciudadanía, estimular el ahorro para compensar el sobreendeudamiento de los particulares, y dinamizar el emprendimiento y la inversión con mayor recorrido productivo.
Eso supone reducir con intensidad la presión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y desplazarla, en la medida de lo posible, a la imposición indirecta, respetando cierta moderación para las rentas más bajas. Y significa que la fiscalidad empresarial se aclare y simplifique, ganando algo de peso en la generación de ingresos. Debe, además, fortalecer los incentivos al ahorro, sobre todo los ligados a la previsión para el retiro laboral, como elemento compensatorio de una Seguridad Social que tenderá a proporcionar menos retorno sobre las cotizaciones aportadas en las siguientes generaciones. El Gobierno tiene intención de aplicar los cambios en dos o tres anualidades. Correcto, si ello respeta la suficiencia, pero debe anticipar desde el principio todos para que la reforma movilice la actividad con la contundencia precisa.