Los inspectores de Hacienda piden legalizar la marihuana y la prostitución
Estiman que la prostitución generaría unos 6.000 millones para el Estado Reclaman modificar el Código Penal para que los grandes evasores entren automáticamente en prisión
Cuando falta poco más de una semana para que el Consejo de Ministros dé el visto bueno a la reforma fiscal, la Organización de Inspectores de Hacienda presentó un informe con más de 300 recomendaciones tributarias. Además de las propuestas habituales del colectivo, los encargados de luchar contra el fraude fiscal sorprendieron al reclamar que se abra un debate para legalizar la prostitución y las drogas.
Drogas y prostitución: medidas para lograr 6.000 millones
El presidente de los inspectores de Hacienda, Ransés Pérez Boga, señaló ayer que la prostitución o el tráfico de drogas blandas son actividades que pueden ser condenables socialmente, sin embargo, opina que es necesario abrir un debate sobre la conveniencia de legalizar totalmente sectores que actualmente no generan ingresos fiscales. Los inspectores señalan que, según un informe de los clubes de alterne, la prostitución mueve unos 18.000 millones y, en caso de tributar al 30%, permitiría al Estado recaudar 6.000 millones de euros. El colectivo de los inspectores abogó por el pragmatismo y señala que existe mucha “hipocresía” en torno a este tema.
Por otra parte, el inspector de Hacienda Domingo Carbajo recordó las experiencias de países como Uruguay, que recientemente legalizó la marihuana.
Reformar el delito fiscal para que los grandes evasores vayan a la cárcel
Para los inspectores, la reforma fiscal debería incluir medidas para que los grandes evasores fiscales ingresen efectivamente en prisión. El Código Penal vigente ya contempla penas de cárcel para los contribuyentes que hayan cometido un delito fiscal, sin embargo, los inspectores recuerdan que raramente se produce la entrada en prisión cuando no existen antecedentes penales y se abona la deuda tributaria. La organización dedicada a perseguir el fraude propone la supresión del “atenuante de reparación del daño”. Los inspectores recordaron “casos recientes de jugadores de fútbol”. Sin citarlo, se referían a Leo Messi, el futbolista argentino del F. C. Barcelona, que recientemente fue imputado por delito fiscal.
También proponen reformar la figura jurídica de la “excusa absolutoria”, que permite eludir la vía penal a los contribuyentes que voluntariamente, y sin mediar requerimiento previo de la Agencia Tributaria, reconocen un engaño a Hacienda. En su propuesta, la excusa absolutoria sería un atenuante, pero no impediría la apertura de un juicio por la vía penal. También recomiendan que los inhabilitar a los altos cargos imputados y que se encuentran en un proceso judicial.
Actualmente, existe delito fiscal cuando la cuota defraudada por impuesto y año supera los 120.000 euros. Los inspectores proponen elevar ese umbral a 600.000 euros para evitar la actual saturación en los juzgados y para que, junto con las otras medidas propuestas, los delitos graves comporten “el ingreso en prisión automático”. Además, piden que el umbral de los 600.000 euros de delito fiscal se determine con la suma de cuotas defraudadas, con independencia de que procedan de ejercicios e impuestos distintos.
Suprimir los billetes de 500 euros y limitar los pagos en efectivo
La utilización del dinero en efectivo es uno de los indicadores que sugiere la existencia de actividades no declaradas. El colectivo de inspectores de Hacienda propone diversas medidas. La más drástica y que requeriría un acuerdo en Bruselas pasa por suprimir los billetes de 500 euros. España, especialmente durante el boom inmobiliario, fue el país donde más papel de alta denominación se movía. En la compraventa de viviendas no era raro encontrar casos en que una parte del precio se abonaba en negro y metálico.
Abogan por impulsar los pagos electrónicos con el objetivo de que las operaciones dejen un rastro y ampliar más las restricciones de los pagos en efectivo. Actualmente, la legislación prohíbe pagar en metálico compras superiores a 2.500 euros cuando una de las partes es una empresa o profesional.
Pagar a confidentes y permitir que los inspectores actúen de incógnito
Son dos propuestas que realizaron con anterioridad y que también se han incluido en el informe entregado ayer. El colectivo de los inspectores de Hacienda reclama que el Gobierno permita que la Agencia Tributaria pague a confidentes para descubrir fraudes y delitos fiscales. Por otra parte, también solicitan actuar de incógnito. Actualmente, lo primero que debe hacer un inspector de Hacienda al acudir a un comercio o empresa es identificarse. En su opinión, su trabajo resultaría más eficiente si pudieran en ocasiones husmear en negocios sin identificarse.
Atajar el fraude en el hogar
Los inspectores proponen una medida que también está siendo barajada por Hacienda y que supondría aplicar ciertas deducciones a los gastos domésticos. La idea es que el sueldo del personal doméstico o la contratación de servicios de, por ejemplo, fontanería, sean desgravables. Con ello, los contribuyentes tendrían el incentivo de reclamar siempre la factura, lo que atajaría el tradicional con IVA o sin IVA.
El colectivo también reclama suprimir totalmente o reformar en profundidad el llamado sistema de módulos por el que pueden tributar autónomos y pequeñas empresas. En su opinión, este sistema facilita la generación de facturas falsas. En el mismo sentido, reclaman eliminar el régimen simplificado en el IVA.
Sicav y ETVE
Las Sicav, vehículos de inversión que utilizan las grandes fortunas y que tributan al 1% en el impuesto sobre sociedades, son controladas por la CNMV. Los inspectores reclaman que esa labor vuelva a la Agencia Tributaria, una competencia que tuvieron hasta 2005. También abogan por suprimir las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE).
Lucha contra el fraude internacional
El colectivo de los inspectores de Hacienda reconoce que la lucha eficaz contra el fraude fiscal internacional debe proceder de la mayor cooperación entre países. En cualquier caso, piden medidas internas como que España no reconozca la personalidad jurídica de empresas que operan en paraísos fiscales.
