Un fondo piloto para salvar empresas

El sector financiero ha acogido con satisfacción la nueva regulación que ha aprobado el Gobierno para facilitar la refinanciación empresarial. Una normativa que, entre otras medidas, incentiva a las entidades bancarias para que canjeen la deuda de compañías en dificultades, pero cuyo negocio es viable, por una participación en su capital. Tal era la necesidad de articular una solución semejante, que la fórmula está a punto de aplicarse ya sobre el terreno en beneficio de “tres o cuatro empresas” de considerable tamaño, según desvelaron ayer representantes de las seis principales entidades bancarias españolas en un foro organizado para analizar la normativa. El mecanismo para llevar a cabo esta primera operación consistirá en una suerte de fondo piloto nutrido por las participaciones en el capital que acuerden ese grupo de bancos. Se trata de una experiencia pionera y, como tal, no implica necesariamente que todas las operaciones de capitalización de deuda empresarial que se realicen en el futuro se articulen bajo este esquema de un fondo común. Como no puede ser de otra forma, desde el sector financiero se reconoce que el modelo deberá ir perfeccionándose sobre el terreno hasta estar en condiciones de aplicarse a un ambicioso horizonte de hasta 20.000 empresas.

La satisfacción con la que ha sido acogida esta solución resulta más que comprensible tanto por parte de las empresas como de la banca. En el caso de las primeras, por tratarse de una medida dirigida especialmente a rescatar a las compañías cuyo modelo de negocio es viable e impedir que la crisis termine en liquidación. Lo mismo ocurre a las entidades financieras, a quienes interesa que sus clientes en dificultades salgan adelante y no se vean abocados a un concurso de acreedores que pueda terminar con su desaparición y las consiguientes pérdidas. En cualquier caso, la función natural de la banca no es la de ejercer de accionista de sus clientes, por lo que se trata de una fórmula que nace con vocación claramente temporal. Uno de los puntos acertados de la normativa es el tratamiento de las provisiones correspondientes a los créditos refinanciados, que podrán ser liberadas.

Cuestión diferente es que, tal y como está formulada la medida, las beneficiarias sean las grandes y medianas empresas y no las pequeñas. Así se reconocía ayer desde el propio sector financiero, que aludía a la necesidad de crear un mecanismo que permita dar una oportunidad también a pequeñas compañías y a autónomos, así como de promulgar un código de conducta que regule los estándares de la banca con las pymes insolventes. Ello es más importante si cabe dado que los pequeños negocios, que han sufrido una verdadera criba durante la crisis, constituyen el grueso del tejido empresarial español y una fuente fundamental de creación de riqueza y empleo.