PP, CiU e IU piden a Empleo más control sobre las bajas laborales
El PP, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y CiU quieren que el Ministerio de Empleo impulse la creación de una base de datos de partes médicos “consolidada y conjunta” con toda la información de las entidades del Sistema de Seguridad Social con la que se mejore el control de los procesos de incapacidad temporal y se eviten errores y deficiencias.
Así lo recogen en las propuestas de resolución que han presentado estas formaciones al Informe de fiscalización sobre la gestión y control de la incapacidad temporal por las entidades del sistema de la Seguridad Social del Tribunal de Cuentas, que reveló que casi dos millones de incapacidades temporales (IT) ocurridas entre el 1 de octubre de 2010 y el 31 de diciembre de 2012 se concedieron sin control del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), por un importe total de, al menos, 1.185 millones de euros.
Las recomendaciones de las distintas formaciones, que se debatirán y votarán en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Tribunal de Cuentas de hoy martes, piden que el departamento que dirige Fátima Báñez tome cartas en el asunto y cree una base de datos con toda la información de los partes médicos a disposición de las diferentes entidades que conforman la Seguridad Social.
Los socialistas, por su parte, reclaman al Ministerio que “mejore la coordinación y comunicación” entre las diferentes entidades y que ponga en marcha “medidas de control permanente sobre los procesos de IT iniciados para detectar y eliminar tanto prestaciones indebidas como abusos que se estén dando en perjuicio del trabajador”, incluyendo un aumento de los efectivos dedicados a la Inspección.
Fecha de la primera baja
PP y CiU sugieren, además, que los Servicios Públicos de Salud y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria tomen medidas para que los partes de baja incluyan un apartado donde los médicos de Atención Primaria puedan anotar la fecha de baja para, si se produce una recaída, poder determinar si es un proceso nuevo o una evolución del anterior. Esta premisa tendría que incorporarse además a los convenios firmados con las comunidades autónomas.
Con respecto a los pagos delegados, y para evitar “compensaciones improcedentes” a las empresas, los ‘populares’ creen que la Tesorería de la Seguridad Social debería impedir que se consignen esas compensaciones si no hay procesos de baja asociados, rechazarlas en IT de menos de quince días o sin periodo de carencia, e impedir las deducciones una vez finalizada la baja que las ampara. Asimismo, proponen que la Tesorería General de la Seguridad Social tenga que informar mensualmente sobre todas las deducciones practicadas por las empresas para poder detectar “prácticas indebidas”.
Además, pide a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social que impulse las modificaciones oportunas de la normativa sobre el ingreso de los excedentes derivados de la colaboración voluntaria de las empresas para que “sean ingresados en una cuenta corriente” a disposición de la Tesorería en cada uno de los ejercicios.
Propuestas para la gestión de las mutuas
Con respecto a las mutuas de accidentes –cuya nueva regulación aún se debate en el seno del Gobierno– el PP propone que puedan compartir toda la información existente sobre incapacidad temporal y que puedan incluso preguntar al Ministerio sus dudas sobre este tema, como ya pueden hacer sobre las pensiones. Con una nueva herramienta informática –afirman los populares– la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social podría realizar funciones de “dirección y tutela de todas las mutuas de forma directa”.
Por otra parte, el Partido Popular pide también a Empleo que establezca un procedimiento de comunicación con el INSS y que impulse medidas para que las mutuas puedan dispensar asistencia sanitaria asociada a las IT derivadas de contingencias comunes. No obstante, añade que las actuaciones sanitarias que desarrollen a resultas de contingencias comunes deberían tener la autorización del Servicio Público de Salud “para que se correspondan con los diagnósticos y tratamientos establecidos por el facultativo responsable” y contar con el consentimiento del beneficiario.
Esto, y la homogeneización de los acuerdos que adopten las entidades colaboradoras en los procesos que gestionan –que deben incluir una motivación suficiente y el resto de garantías jurídicas– permitirá, cree el PP, mejorar los niveles de seguridad jurídica de los trabajadores en baja temporal.
Una posibilidad que los socialistas rechazan ya que, aunque abogan por mejorar su eficacia y aumentar su control, defienden que ello no debería suponer “una delegación en las mutuas de las funciones que desempeñan los servicios públicos”, particularmente los de salud. De hecho, proponen instar al Ministerio de Sanidad a que “aborde los problemas de la lista de espera sanitaria dotando al sistema público de recursos materiales y humanos”.