Editorial

Un vasto plan de pequeñas cirugías liberalizadoras

El Gobierno ha puesto en marcha en la última reunión del Consejo de Ministros un plan de 40 medidas muy concretas con el objetivo último de potenciar el crecimiento económico y el empleo. Traspasado ya el ecuador de la legislatura, el Ejecutivo ha decidido entrar en el territorio de las decisiones expansivas, destinadas a mejorar la capacidad competitiva de la economía española. Antes, durante los dos primeros años de gestión, sus medidas han estado impregnadas de la severidad de los recortes de gasto, de las subidas de impuestos y de oponerse radicalmente a todas y cada una de as peticiones de gasto público que llegaban a su mesa. Las políticas de austeridad, junto con reformas para abaratar el coste laboral y el coste financiero, echando mano incluso de un programa de rescate bancario de 40.000 millones que ya se ha comenzado a devolver, han colocado a la economía en la rampa de la recuperación, tanto del crecimiento como del empleo.

El plan de medidas lanzado ahora tiene un coste financiero muy medido, puesto que no puede permitirse el administrador de la caja pública ninguna alegría si quiere cumplir el objetivo de déficit fijado por Bruselas para España. Ni puede hacerlo, sobre todo si quiere guardar los pocos márgenes financieros existentes para inyectar en la sociedad una buena partida de recursos que ceben la renta disponible de los contribuyentes en 2015 y 2016. Sin embargo, con recursos públicos y privados, el programa, que enlaza muchas pequeñas medidas liberalizadoras, pretende movilizar inversiones por valor de casi 11.000 millones de euros, que pueden tener un efecto sobre la actividad y el empleo muy superior.

Muchas de las decisiones estaban ya apuntadas y comprometidas en el Programa Nacional de Reformas enviado a Bruselas, que ahora se ponen a caminar para quitar pequeños tapones a la competencia y al crecimiento en muchas actividades productivas. Fuerte rebaja a las comisiones de las tarjetas de crédito y débito; ampliación del concepto turístico para que más ciudades aprovechen la libertad de horarios; liberalización del tráfico ferroviario, aunque limitado en el trayecto Madrid-Levante en primer momento; ampliación concesional de los puertos a condición de nuevas inversiones; medidas para facilitar la refinanciación de deuda empresarial; ampliación de las líneas financieras del ICO hasta 25.000 millones anuales; impulso al I+D+i; regulación del uso comercial de drones; fomento a la internacionalización; inversión en depuradoras; línea de ayuda a la renovación de parque de vehículos industriales de gran tonelaje; etc.

No hay una gran medida horizontal de importancia capital para todos los sectores o colectivos sociales; pero el plan encadena muchas pequeñas decisiones de trascendental importancia para colectivos muy concretos, cuya movilización puede tener un efecto multiplicador en la generación de negocio en actividades colaterales. Limpia muchos obstáculos intencionadamente colocados por el pasado monopolístico y oligopolístico de la economía en España, y deja pasar la competencia y la iniciativa privada. Se trata de un menudeo quirúrgico que resuelve muchas más dificultades menores que grandes decisiones globales políticamente muy fáciles de vender, pero de aplicación más perezosa.

Y tiene una importancia adicional que debe destacarse, el hecho de hacerlo justo en el mismo momento en el que la economía ha comenzado a crecer con cierta fortaleza, y en el que la demanda privada comienza a despertar tras un largo letargo de años, y en el que el BCE ha puesto todas las armas financieras al servicio de la banca para movilizar el crédito a la economía productiva. Si la financiación de la economía se había colocado en valores óptimos con el descenso del bono a diez años hasta el 3%, ahora, tras la fuerte rebaja de las últimas sesiones, hay menos excusas todavía para que el crédito comience a agitarse y a atender las peticiones de inversión de las familias y las empresas, siempre que guarden un mínimo de garantía de repago. Una garantía que se reforzará si la reforma fiscal del Ejecutivo que dirige Mariano Rajoy no se queda en un amago y devuelve de verdad renta de forma permanente a los contribuyentes.