La excúpula de Caixa Penedès intenta atenuar sus penas devolviendo las pensiones
Los cuatro exdirectivos de Caixa Penedès que están siendo juzgados por engrosar sus pensiones multimillonarias han intentando atenuar las penas que piden para ellos las acusaciones devolviendo los 28,6 millones de euros que presuntamente cobraron de forma irregular.
Durante la vista celebrada hoy, el juez central de lo penal José María Vázquez Honrubia ha suspendido hasta mañana el juicio contra el exdirector general Ricard Pagès y los exdirectivos Santiago Abella, Joan Caellas y Manuel Troyano a petición de las partes, que han hecho esta solicitud para culminar sus conclusiones finales, que expondrán a partir de las 13:00 horas.
Fuentes jurídicas han informado a Efe de que los cuatro exbanqueros buscan un acuerdo con las acusaciones para tratar de aminorar las penas de cárcel que piden para ellos.
Así, tratarían de evitar el ingreso en prisión reconociendo los hechos y reparando el daño ocasionado, con lo que tendrían que devolver a la entidad los 28,6 millones que se llegaron a embolsar por sus jubilaciones.
No obstante, otras fuentes consultadas han apuntado a Efe que la intención de la Fiscalía Anticorrupción, que dio origen a este procedimiento, mantendrá su petición de 3,5 años para Pagès y de 3 años para el resto de exdirectivos por un delito de administración desleal y otro de apropiación indebida.
En la primera sesión del juicio, celebrada el lunes de la pasada semana, los cuatro exbanqueros, defendieron la legalidad de estas retribuciones y que con ellas se equipararon sus condiciones a las del resto de trabajadores.
Anticorrupción, por el contrario, sostiene que los acusados, junto con el fallecido exdirector de Recursos Humanos Jaume Jorba, firmaron pólizas de seguros para abultar sus prejubilaciones hasta los 31,6 millones de euros sin el conocimiento de los órganos de control y administración de la caja.
Asimismo, a partir de 2010, se las blindaron y modificaron sus contratos con motivo de la integración en el grupo BMN, que requirió una ayuda del FROB de 916 millones de euros.
El fiscal considera a Ricard Pagès el cerebro de la trama, que urdió con el consentimiento y colaboración de su círculo de directivos más próximo, el resto de acusados, para generar obligaciones económicas” a Caixa Penedès “para su beneficio particular”.
En su escrito de conclusiones provisionales y a la espera de que mañana exponga su informe final, señala que Pagès, aprovechando su poder “omnímodo”, diseñó una estrategia a largo plazo destinada a garantizarse él y sus más cercanos colaboradores una “desproporcionada ganancia patrimonial” a costa de la entidad.
Así, esta estrategia pasaba porque pudieran cesar en sus puestos de trabajo “por cualquier motivo” una vez iniciado el proceso de integración de Caixa Penedès en el Grupo BMN, por lo que los acusados cesaron voluntariamente en 2011 de sus cargos en la entidad financiera.
De acuerdo con las pólizas contratadas, Pagès tenía derecho a cobrar 11,6 millones de euros; Abella 5,7 millones; Jorba 3,3 millones; Troyano 6,16 millones y Caellas 4,8 millones.
Sin embargo, Manuel Troyano y Joan Caellas fueron despedidos de la entidad financiera y no pudieron cobrar cantidad alguna de las pólizas.