Industria suaviza solo un 2% el recorte a las energías renovables
Una mejora "cosmética" que no cambia la situación La orden ha sido remitida al Consejo de Estado por vía de urgencia
El Ministerio de Industria remitió el miércoles al Consejo de Estado la propuesta de orden ministerial que establece los parámetros retributivos de las instalaciones del régimen especial (renovables y cogeneración) que ya había sido dictaminada a principios de abril por la CNMC. Las empresas y asociaciones afectadas siguen analizando a fondo el amplio expediente, que ha sido remitido al Consejo de Estado por trámite de urgencia, y al que solo pueden alegar por escrito. Para ello tienen de plazo hasta el lunes a las 14.00 horas.
Del primer análisis de la propuesta de orden, de sus anexos, del informe de la propuesta y de la memoria del impacto normativo, las empresas del sector concluyen que se han suavizado algo los recortes que establecía el texto legal que salió de la CNMC, pero que es tan solo “una mejora cosmética”. En el caso de la fotovoltaica, esta le calculan en un recorte del recorte del 1% y la cogeneración, entre un 2% y un 3%. Nada que suponga un cambio del escenario negativo que dibujaban las empresas.
En el caso de la cogeneración, la mejora proviene de la supresión de la limitación de horas equivalentes de funcionamiento máxima con derecho a retribución que la asociación del sector, Acogen, había solicitado. También se modifica parcialmente el valor del precio del mercado y/o la supresión de los límites superior e inferior y se amplía la vida regulatoria de la cogeneración a 25 años.
Sin embargo, al no haberse revisado los parámetros de retribución, las afectadas consideran que la desaparición del límite de horas, en general, “no sirve de mucho, porque seguiremos perdiendo dinero”. Únicamente, “en lugar de sufrir un recorte del 35% (1.100 millones de euros), será del 32% o el 33%”, añade Acogen, que mantiene que a largo plazo el cambio de la retribución que supone la desaparición de las primas a la producción, propiciará el cierre de la mitad de las instalaciones.
En el caso de la fotovoltaica, la nueva orden mejora la situación de los parques más grandes, si bien la medida que el sector considera más injusta, la que afecta a las grandes plantas que cuentan con cientos de pequeños inversores diferentes, esa no ha cambiado. La asociación fotovoltaica Unef considera que a estas plantas se les aplican los estándares más duros, con recortes cercanos al 50%. En la misma situación están aquellas pequeñas plantas que se encuentren cerca de una planta grande. Según la orden ministerial, todas forman parte de “un conjunto de instalaciones” a las que se aplica el estándar que corresponde a la suma de todas.
UNEF considera que los cambios introducidos en la orden remitida al Consejo de Estado mantienen la grave ruptura de la seguridad jurídica del texto anterior y unos recortes sobre los ingresos previstos de en torno al 40% de media para el 30% del parque fotovoltaico, lo que lleva a la insolvencia de las plantas. Según su director, José Donoso, ese porcentaje no podrá hacer frente al pago que adeuda a los bancos a menos que estos realicen quitas de en torno al 20% de la deuda”.
En el caso de la eólica, la nueva propuesta mejora la situación de los parques de menos de cinco MW a costa de empeorar la de los que están por encima de esa potencia. Una medida que ha chocado entre las empresas, ya que apenas hay instalaciones de ese tamaño. Entre ellas hay sospechas de que se puede tratar de “una posible regulación a la carta”.
La orden ha bajado la estimación del precio del pool que sirve para fijar la rentabilidad de las plantas de 49 a 48 euros MWh, pero incrementa el coeficiente de apuntalamiento. El pool lleva todo el año muy por debajo de ese precio estimado.
El expediente no incluye el informe de las consultoras
Las empresas del régimen especial han echado de menos en el expediente remitido por Industria al Consejo de Estado, con el objeto de que este determine si el reglamento sobre la nueva retribución del sector es conforme a la ley, el informe de las dos consultoras contratadas por el ministerio, a través del IDAE, para elaborar los polémicos estándares. Se trata de las firmas Boston Consulting Group y Roland Berger
Las afectadas tenían la esperanza de obtener un informe que, según rumores insistentes, no coinciden con la propuesta del ministerio, lo que habría llevado a un enfrentamiento directo entre las consultoras y el departamento que dirige José Manuel Soria. El sector ya lo reclamó a través de la CNMC. Según el contrato, que alcanza el millón de euros, Roland y Boston están obligadas a respaldar al ministerio en los hipotéticos litigios a los que se enfrente y con los que ya han amenazado las afectadas.
Pese a la demora en remitir el reglamento de los estándares al Consejo de Estado (también está pendiente de aprobación el real decreto de renovables) y a que el ministerio a trabajado a fondo para introducir modificaciones, estas no han satisfecho a ninguno de los sectores en liza pues apenas supone un aligeramiento de los recortes.
Las empresas y asociaciones trabajarán este fin de semana para presentar ante el Consejo de Estado unas alegaciones que, están convencidas, no le servirán de nada. Solo les queda esperar a que se apruebe toda la normativa (el real decreto y la orden ministerial) para ir directamente a los tribunales contra una nueva retribución que todas consideran retroactiva.
Sobre la firma