Soria envía al Consejo de Estado la orden sobre estándares renovables

La fuerte demora se atribuye a razones electoralistas La normativa podría entrar en vigor a mediados de junio

Parque eólico.

Hasta el martes por la noche no llegó al Consejo de Estado para su informe la orden ministerial que establece los parámetros retributivos de las instalaciones del régimen especial (renovables y cogeneración). El Ministerio de Industria se la remitió por trámite de urgencia (15 días) a pesar de que la norma fue dictaminada por la CNMC el pasado 3 de abril.

Después de que pasara por el organismo supervisor, el ministerio anunció que lo remitiría al Consejo de Estado, pese a tratarse de una orden que reglamenta el real decreto sobre la nueva retribución de renovables, que terminó sus trámites administrativos en enero. Tanto este real decreto como la orden de parámetros siguen sin ser aprobados por el Consejo de Ministros (aunque la orden no requiere de su aprobación), lo que está generando una enorme incertidumbre entre las afectadas.

Desde julio del año pasado, estas siguen cobrando primas a la producción, pero a cuenta del nuevo mecanismo de parámetros o estándares. Aunque en realidad tampoco reciben la totalidad de lo que les correspondería de primas, ya que desde el 1 de enero la nueva ley del sector eléctrico ha impuesto la obligación a todas las empresas con actividades reguladas de financiar los déficit de tarifa que se produzcan. En otras palabras, las empresas reciben cada mes, en proporción a sus ingresos, lo que el sistema ingresa.

Los parámetros retributivos se conocen desde que Industria los remitiera a la CNMC (1.500 páginas) y, pese a la demora, todo apunta a que el departamento que dirige José Manuel Soria no ha hecho prácticamente ningún cambio sustancial.

Al remitirlo por vía de urgencia al Consejo de Estrado, el ministerio elimina el trámite de audiencia, lo que deja a las empresas “indefenso”, aseguran en una de las asociaciones fotovoltaicas. Las comunidades autónomas sí tendrán derecho a alegar. Algunas gobernadas por el Partido Popular, como Murcia, Extremadura o Navarra, han presentado recursos de inconstitucionalidad contra el real decreto ley de sostenibilidad del sistema eléctrico que entró en vigor en julio del año pasado.

Se desconoce el motivo de tanta tardanza, más aún teniendo en cuenta que esta normativa es la más relevante de la reforma eléctrica de julio del año pasado que aún está pendiente de aprobación. Fuentes del sector opinan que se trata de una táctica electoralista del Gobierno, que ha querido evitar cualquier frente antes de las elecciones europeas del domingo, y máxime tratándose de sectores tan combativo como el de las renovables y la cogeneración.

El real decreto y la orden podrían entrar en vigor a mediados de junio. A partir de entonces, tal y como han anunciado, las empresas recurrirán a los tribunales.