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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Vuelve la inversión pública

Adif ha hecho una muy reciente emisión de bonos en Dublín por unos 1.000 millones de euros con resultado satisfactorio tanto en precio (3,5% a diez años) como en volumen de demanda, dado que ha aprovechado tanto el buen momento del que gozan en el mercado las emisiones de España, como del aval que le proporciona el Tesoro en este tipo de operaciones. Tal ha sido el resultado, que prepara para los próximos meses una nueva aventura en la plaza de Madrid, y espera lograr una cantidad parecida de recursos a los alcanzados ahora.

Esta captación de dinero explica al menos dos cosas. En primer lugar, que la sociedad tiene capacidad para financiarse sin recursos directos del presupuesto, aunque precise del aval público del Tesoro y deban computarse sus emisiones como deuda pública en el protocolo de déficit excesivo; y en segundo lugar, y no menos importante, que Fomento ha emprendido las operaciones de inversión pública que el rigor fiscal había obligado a cancelar durante la severa crisis de la deuda soberana. La señal de la vuelta al crecimiento de la inversión pública debe ser confirmada con los números que recoja el Presupuesto, y que deberá conjugarse con un compromiso electoral del Gobierno de aplicar una reforma fiscal amable para el contribuyente y con seguir reduciendo el déficit pactado en Bruselas.

Pero sí hay una intención clara y reconocida de activar el ferrocarril de alta velocidad, cuyo círculo no está cerrado por restricción presupuestaria. En concreto, es intención del Ejecutivo llevar la alta velocidad hasta Salamanca, Zamora, Burgos, Palencia, León, Santander, Granada, Murcia y la frontera portuguesa, con un coste relativamente moderado de 4.600 millones en dos años, aunque quedaría para una segunda oleada de inversión tanto la terminación de la y griega vasca como el punto final del AVE a Galicia. De hecho, Fomento ha puesto números, y pretende duplicar los niveles de tráfico en AVE desde los 23 millones de viajeros anuales actuales hasta los 50.

Aunque no puede pasarse por alto la intencionalidad electoral que tiene este planteamiento para ser ejecutado en la segunda mitad de la legislatura de las generales, con lo que supondría un rosario de inauguraciones de nuevos destinos en los umbrales de los comicios autonómicos, debe agradecerse el giro imprimido a la inversión pública en España, que había caído a niveles ridículos en los últimos años. Es verdad que se han concluido infraestructuras poco útiles, infrautilizadas por muchos años en muchos casos; pero la red de AVE, si cuesta lo que realmente vale y no más, puede ser una apuesta que unifique el territorio y también un negocio, como ha puesto de manifiesto cuando ha jugado en competencia con el avión en muchos tramos. Si vuelve la inversión pública productiva, en definitiva, y no el gasto público genérico, bienvenida sea.

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