La empresa familiar de Madrid exige al Ejecutivo “no caer en la complacencia”
Adefam está integrada por 80 compañías familiares que representan el 7,7% del PIB de Madrid y dan empleo a 178.000 personas, entre las que destacan Sagardoy Abogados, Prosegur, Banca March, Siro o Arturo Cantoblanco. En la asamblea general celebrada ayer, eligieron a Inés Juste, presidenta del grupo químico-farmacéutico Juste, como nueva presidenta de la asociación. Juste sustituye en el cargo a Clemente González Soler, presidente del grupo Alibérico, que ha permanecido al frente de esta organización durante los últimos cinco años.
En su primera comparecencia pública, Juste animó al Gobierno a continuar con las reformas y “no caer en la complacencia de instalarnos en unos discretos datos de mejora que lo son por contraste con el escenario sombrío de hace unos pocos meses”. Un mensaje muy similar al que le transmitió el Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC) en la reunión que mantuvo la semana pasada con el presidente del Ejecutivo. En esa reunión, a la que acudieron Emilio Botín (Santander), César Alierta (Telefónica), Florentino Pérez (ACS) o Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), entre otros, los empresarios dieron su respaldo a la gestión económica de Rajoy, pero le exigieron que no frenara el impulso reformista ante los primeros signos de recuperación.
La nueva presidenta de la empresa madrileña familiar también advirtió sobre la necesidad de alcanzar un punto de equilibrio en la reforma fiscal que el Ejecutivo ultima y en la que van a desaparecer un gran número de los beneficios fiscales a las grandes empresas. “Es necesario abordar con sensatez la reforma fiscal, que debería no poner en peligro la capacidad de inversión, ahorro y consumo de las empresas y los ciudadanos”, apuntó durante el discurso ante más de 150 propietarios de empresas familiares madrileñas, y en presencia del consejero de Economía y Hacienda de Madrid, Enrique Ossorio.
Una aparición nada casual como se reveló posteriormente en las quejas que la nueva presidenta de Adefam realizó posteriormente. “Resulta desalentador que se siga manteniendo una muy alta estructura de gasto corriente, que tiene reflejo en el imparable crecimiento de la deuda pública, y que la mejora de la financiación del Estado haya provenido exclusivamente de la fortísima presión impositiva hacia empresas y ciudadanos”, apuntó. Frente a este modelo, Juste alabó la alternativa fiscal de la Comunidad de Madrid, “con modelos que han estimulado la inversión empresarial y el consumo interno, lo que resulta compatible con el mayor tirón de las exportaciones y la mayor creación de empresas en España”.
El Congreso debate nuevos cambios legislativos para el control de la morosidad pública y privada. Un asunto de extrema preocupación para Adefam, cuya presidenta exigió ejemplaridad a las Administraciones Públicas en su relación con empresas y ciudadanos, para cumplir con la Ley de Morosidad. “No es posible que tras diez años de la aprobación de la primera directiva europea sobre morosidad, el sector público en España siga sin pagar a tiempo”, remarcó. Las últimas estadísticas muestran que pagan a 111 días cuando el plazo legal máximo marcado por ley son 30 días. En su opinión, se trata de un asunto que daña “enormemente la imagen de España en el exterior” y que supone que las empresas privadas “estén financiando con su capital circulante a las Administraciones Públicas, sin obtener una compensación fiscal a cambio”.