En 2013 se adjudicaron 780 viviendas del fondo

El Fondo Social de Viviendas se amplía a mayores que asumen las deudas de hijos

Vista de edificios de viviendas en construcción en Madrid.
Vista de edificios de viviendas en construcción en Madrid. EFE

Las personas prejubiladas o jubiladas que hayan avalado las deudas de sus hijos o nietos podrán solicitar una casa del Fondo Social de Viviendas (FSV), que ha ampliado así su ámbito de aplicación para acoger más supuestos de vulnerabilidad social.

Según informa el Ministerio de Economía, el FSV está destinado a quienes, como consecuencia de un desahucio, han perdido su vivienda a partir del 1 de enero de 2008. En el primer año de aplicación, el 2013, se recibieron 1.537 solicitudes y se adjudicaron 780 viviendas.

Tras las últimas modificaciones, se permitirá que se queden en la vivienda quienes la hayan perdido por una ejecución forzosa y tras haber sido adjudicada y, en casos de dación en pago, a cambio de un alquiler reducido.

La renta para estos casos oscilaría entre 150 y 400 euros al mes o por debajo en circunstancias especiales, tal como está previsto en el Convenio del Fondo Social de Viviendas, creado en enero de 2013 y que cuenta con 6.000 viviendas de 33 entidades financieras.

La extensión del ámbito de aplicación del convenio por el que se rige el Fondo Social de Viviendas permitirá ampliar las circunstancias personales y familiares que dan derecho a solicitar una vivienda al FSV.

El Ministerio también señala que a partir de ahora también se tendrá en cuenta a las unidades familiares con hijos menores de edad, y no solo los de menos de tres años.

También a las personas en situación de dependencia o con discapacidad para las que la vivienda supone, de acuerdo con el informe de los Servicios Sociales competentes, “un activo indispensable para el mantenimiento de su inclusión social y autonomía”. El requisito hasta ahora era una discapacidad del 33 % o superior.

Asimismo podrán solicitar una vivienda del fondo otras personas o unidades familiares con distintas circunstancias de vulnerabilidad social, previo informe de los Servicios Sociales, lo que, según el Ministerio, amplía el acceso a muchas situaciones de riesgo social no tipificadas.

Además se mantienen los requisitos anteriores como son la situación de desempleo y sin prestaciones, familias monoparentales, familias numerosas o violencia de género.