Choque de intereses entre las patronales del sector de España y Francia

El transporte español rechaza la futura tasa gala a los camiones extranjeros

Reacción al anuncio de la ministra Ségolène Royal

Tráfico en la autopista Bilbao-Behobia (A-8), entre San Sebastián y la frontera de Francia.
Tráfico en la autopista Bilbao-Behobia (A-8), entre San Sebastián y la frontera de Francia.

Los camioneros españoles vuelven a sentirse amenazados por Francia. En concreto por un impuesto que sopesa el nuevo Gobierno francés que encabeza Manuel Valls. La ministra de Ecología del país vecino, Ségolène Royal, avanzó el martes durante una entrevista en televisión que busca un sistema “para hacer pagar a los camiones extranjeros”.

El Ejecutivo galo baraja una tasa que debería pagarse en la frontera u obligar a los transportistas extranjeros a utilizar la red de autopistas de peaje del país. De imponerse esta última decisión, Royal ha explicado que el Estado cobraría a las concesionarias, entre ellas Abertis, por el tráfico extra. Y los fondos captados se emplearían para financiar la construcción y mejora de las carreteras.

El simple anuncio ha cogido en alerta a las patronales españolas del transporte. La crisis de Gobierno en el país vecino prometía la recuperación del debate sobre la imposición del pago por uso en las vías de alta capacidad, cuya implantación ha sido paralizada en distintas ocasiones por las presiones del transporte francés.

Lo que no esperaban colectivos como la Confederación Española del Transporte por Carretera (CETM) es que se optara por una tasa que, bajo su punto de vista, “vulnera la libre competencia”. Fuentes de la patronal hablan de un impuesto “discriminatorio” que atentaría contra la libre circulación de mercancías en la UE. “Si Francia pretende implantar la Euroviñeta o cualquier otra tasa, u obligar a los vehículos pesados a circular por autopistas, deberá imponérselo a todo el mundo, también a sus camiones, tal y como dicta la legislación comunitaria”, explican desde la CETM. De instaurarse tal y como ha avanzado la ministra Royal, con toda seguridad la medida sería recurrida ante la Comisión Europea. El mayor colectivo español de transportistas habla de riesgo para la competitividad de empresas del sector, con fuerte peso de los autónomos, y aprecia riesgos para las exportaciones a la vista de que la tasa se trasladaría al precio de la carga.

Apoyo en casa

La socialista Ségolène Royal jugaba en campo propio cuando lanzó el cañonazo de una posible tasa exclusiva para los camiones extranjeros. Fue en una entrevista ofrecida por los canales RMC y BFM TV, en la que la ministra gala llegó más lejos aún al decir que este cobro serviría para eximir a los camioneros franceses de la polémica eco-tasa, suspendida desde octubre ante las sonoras protestas de los camioneros, especialmente en el área de Bretaña.

El respaldo de las patronales francesas no se ha hecho esperar. Un comunicado conjunto de FNTR, Unostra y TLF, los tres mayores colectivos galos en la representación del transporte por carretera, mostraba “satisfacción” ante una política que exime de cargas extra a sus empresas y apunta hacia una nueva fiscalidad para los transportistas extranjeros.

Los tres colectivos aplauden a la ministra de Ecología y piden al Estado que confirme la decisión cuanto antes, “para asegurar que no hay obstáculos que se erigen contra la implementación de este anuncio”.

Para los transportistas del país vecino se pondría fin a años de incertidumbre, en los que la tarificación de las autovías ha estado siempre presente en el debate nacional.

El choque entre los transportistas de uno y otro lado de la frontera está servido.