El fantasma de la morosidad renace

Los proveedores alertan de un repunte de impagos a final de año

Las administraciones abonan sus facturas a 150 días, cuando deberían hacerlo a 30.

Las empresas lo hacen a 78 días, 18 por encima del máximo legal

El presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, Antoni Cañete, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en un acto celebrado en noviembre en Madrid.
El presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, Antoni Cañete, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en un acto celebrado en noviembre en Madrid.

La lucha del Ejecutivo contra la morosidad comercial puede volver a escribir un nuevo episodio en los próximos meses. El Gobierno se ha gastado más de 43.000 millones de euros para saldar la deuda que autonomías y ayuntamientos tenían con los proveedores hasta el 31 de mayo. Un desembolso que ha tenido un impacto directo en el crecimiento de la deuda pública española, que se ha situado por encima del 93% del PIB.

Con el contador de la deuda a cero, el siguiente objetivo del Ejecutivo era obligar a que el sector público y el privado pagaran sus facturas en los plazos legales. Hace un año se traspuso al ordenamiento jurídico de España la directiva europea sobre plazos de pago, que obligaba a las compañías privadas a pagar a 60 días y a las administraciones públicas en 30 días. Los avances logrados son significativos, aunque claramente insuficientes. La patronal de los laboratorios Farmaindustria y la de tecnología sanitaria Fenin ilustran a la perfección esta tendencia. Entre ambas aglutinan el 70% de la deuda comercial de las autonomías y la mejora ha sido sustancial. Hace un año, los laboratorios de Farmaindustria cobraban sus facturas a un plazo medio de 15 meses (450 días) y ahora lo están haciendo a 5 meses (150 días). Este último dato, no obstante, quintuplica el máximo permitido por la Administración. Pese a ello, fuentes empresariales consultadas por CincoDías consideran ese plazo “razonable”. También se han producido mejoras en el volumen de deuda, que se ha estabilizado en 1.500 millones de euros en los últimos meses. Esas mismas fuentes constatan que el endeudamiento no ha crecido porque las autonomías aún no han gastado sus presupuestos sanitarios, pero que todo puede cambiar en la segunda mitad del año “cuando ya no tengan dinero y cuando puedan empezar a producirse los primeros desvíos en el déficit público”.

Las autonomías deben rebajar su déficit al 1% y al 0,7% del PIB este año y el que viene, lo que les obligará a un fuerte ajuste que recaerá sobre el gasto público para no subir más impuestos. En ese contexto, las patronales reclaman al Ejecutivo que ponga en marcha cuanto antes el mecanismo anunciado para controlar el crecimiento de la morosidad pública. Este consistirá en que a partir del día 31, la factura la abonará Hacienda y se encargará de recuperarla detrayendo fondos de las transferencias que haga a ayuntamientos y autonomías. Todo este proceso no estará en vigor al menos hasta el 1 de enero de 2015, cuando acabe la tramitación del anteproyecto de ley para el control de la deuda comercial. Un plazo que podría ser aprovechado, tal y como señalan esas fuentes, por las administraciones para volver a generar otra espiral de morosidad.

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad Pública (PMCM), que engloba a 1,5 millones de empresas y a 4 millones de trabajadores, hará público mañana su informe sobre los impagos a proveedores correspondiente a 2013 centrando su atención en el sector privado, para el que la ley no contempla ningún mecanismo de control.

 

Una nueva vía legal para ampliar plazos de pago

El anteproyecto para el fomento de financiación empresarial, impulsado por el Ejecutivo para abrir nuevas vías de financiación a las empresas, aporta dos novedades en materia de plazos de pago. Por un lado ofrecen a las empresas la posibilidad de sortear el plazo máximo de 60 días y ampliarlos en el comercio minorista como para el resto de actividades económicas. En concreto, la disposición final tercera establece que “se podrán ampliar los plazos máximos de pago previstos en la Ley cuando acreedor y deudor acuerden ceder el crédito o la deuda a un tercero siempre que ello reporte para el acreedor el cobro dentro del plazo máximo legalmente establecido”.

En otras palabras, que la empresa que tenga una deuda podrá pagarla a más de 60 días siempre y cuando la otra firma la cobre a 30 días. ¿Cómo se haría esto? El sistema sugerido tiene muchas similitudes con respecto al factoring o el del confirming bancario, mediante el que la empresa cobra en plazo su deuda y el deudor gana tiempo para hacer frente al pago. El coste financiero de esa operación es asumido por el acreedor e incluso en ciertos casos tiene que asumir una quita del principal de la deuda.

Las plataformas que aúnan a los acreedores se han mostrado muy críticas. El presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, Antoni Cañete, la califica de muy negativa e insta al Gobierno a no mezclar formas de pago con plazos de pago. “Con esta novedad lanza un mensaje muy negativo a las empresas porque les permite pensar que pueden seguir pagando sus deudas en plazos inadmisibles”, recuerda Cañete, cuya organización fue la que acabó con el pacto entre partes, que permitía a las empresas pactar plazos por encima de los legales.

Las empresas más pequeñas devuelven más rápido que las grandes

El último informe de morosidad elaborado por Cepyme muestra como el comportamiento de pago de las empresas varía en función de su tamaño, del sector de actividad e incluso de la comunidad autónoma en donde está ubicada.

Por tamaño, las que mejor abonaban sus facturas son las de menos de diez trabajadores, que las pagaban a 75,9 días a finales de 2013;en el otro lado se sitúan las que tienen entre 50 y 250 empleados, con una media de 82,7 días.

Por sector de actividad, la construcción sigue siendo el que peor comportamiento de pago muestra, con 99,3 días. Este plazo apenas se ha reducido un día respecto a 2012 y dos días respecto a 2011. Un retraso que afecta especialmente a las subcontratas del sector, que son las últimas en cobrar sus facturas, ya que por delante de ellas están los pagos entre acreedor y deudor. En el otro lado se sitúa el sector químico, con 68,5 días, tan solo a 8,5 días del plazo legal.

Por comunidades autónomas, donde peor pagan sus empresas es en Andalucía, con 86,7 días, y la que mejor lo hace es Aragón, con 67,5 días. La región donde sus compañías han ajustado más sus plazos de pago en el último ejercicio ha sido País Vasco, con una reducción de casi cuatro días en tan solo un trimestre. Si el plazo de análisis lo ampliamos a los seis años de la crisis, el mayor esfuerzo le ha correspondido a Asturias, en el que el sector privado ha pasado de pagar a 135,1 días en 2008 a 81,6 días en 2013.