La CNMV excluirá las empresas zombi de la Bolsa
El Ministerio de Economía, en su anteproyecto de ley para el fomento de la financiación empresarial, otorga más poderes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Así, incluye un artículo que reforma la ley para permitir que el supervisor excluya de oficio los valores que están en liquidación.
Actualmente, cuando una empresa de la Bolsa española entra en concurso de acreedores, la primera medida de la CNMV es suspenderla temporalmente de negociación.
En la fase previa, la del preconcurso de acreedores, no se produce la suspensión de negociación, si bien desde que se solicita la compañía dispone de un plazo aproximado de cuatro meses para llegar a un acuerdo con sus acreedores para no declararse en concurso.
Fuentes próximas a la CNMV explican que se ha solicitado esta capacidad ante el panorama que se vive en la Bolsa española en los últimos tiempos, con un creciente número de compañías con serios problemas, que han entrado en preconcurso o directamente en concurso de acrredores.
Hasta el momento, la CNMV podía acordar la exclusión de la negociación de cotizadas que “no alcanzasen los requisitos de difusión frecuencia o volumen de negociación que reglamentariamente se establezcan y de aquellos otros cuyo emisor no cumpla las obligaciones que le incumban, en especial en materia de remisión y publicación de información”.
La ley de fomento de la financiación agrega que también podrá sacar las sociedades en las que se haya abierto la fase de liquidación de acuerdo con la ley concursal. Actualmente, están en concurso de acreedores Service Point Solution y Sniace están en concurso de acreedores, y por tanto no se negocian. Mientras, en preconcurso de acreedores están Codere, Vértice 360º. Martinsa Fadesa no se negocia desde 2007, cuando solicitó el concurso de acreedores, pese a que salió de él en 2011.
En el informe anual de la CNMV correspondiente a 2012 se mencionan dos compañías excluidas de negociación de oficio por el supervisor: Española del Zinc, en febrero de 2012, y Cinsa, que cotizaba en corros, en el mismo mes.
Eso sí, el objetivo del supervisor que preside Elvira Rodriguez es proteger a los pequeños accionistas, de manera que “sin perjuicio de las medidas cautelares que puedan adoptarse, tales acuerdos [de exclusión] se tomarán siempre previa audiencia de la entidad emisora”. Se abrirá un plazo de alegaciones y después el supervisor las responderá. El proceso puede alargarse durante más de un mes en cada una de sus fases, según explican fuentes financieras.
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