Qué hay detrás de los nuevos precios eléctricos

THINKSTOCK

El Ministerio de Industria ha tomado una decisión que eléctricas y consumidores consideran razonable: aplazar sine die la aplicación de los polémicos precios eléctricos por horas que habían rechazado de plano, y por distintas razones, las dos partes. Y lo ha hecho introduciendo una serie de disposiciones al borrador de real decreto por el que se establece el método de cálculo del precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC), que será el sustituto de las subastas Cesur que determinaban hasta diciembre el término de energía de la factura de los consumidores domésticos.

 El ministerio ha optado por un periodo transitorio amplio tras la alarma generada entre las empresas, que han insistido en la imposibilidad de adaptar sus sistemas informáticos antes de un año para poder facturar por horas. Las afectadas también han logrado convencer a los responsables de Industria de la inutilidad de un mecanismo que solo se puede aplicar a una mínima parte de los consumidores: los que tienen instalados contadores digitales programados para ser leídos a distancia.

La implantación de este tipo de contadores está sujeto a un calendario legal que el Gobierno no ha cambiado y que termina en 2018. Así, a finales de 2014, el 35% de los equipos de medida de los usuarios con menos de 15 kW de potencia contratada (25 millones) deben ser electrónicos. Pero de esta cifra, solo 16 millones estarían afectados por el polémico real decreto, los que están acogidos al PVPC. Pero que sean digitales no significa necesariamente que tengan telegestión, pues para ello es necesario que la distribuidora lo programe.

Los sufridos consumidores se enfrentan a nuevos precios provisionales

Además de esta alarma, el ministerio se ha encontrado con el rechazo de asociaciones de consumidores que, como Facua, denunciaron desde el primer día la ilegalidad de la medida: es contraria, en su opinión, a la Ley Eléctrica, pues esta establece que los precios regulados deben ser transparentes, comparables y no discriminatorios (esto sería así, pues se aplica otro método de cálculo para el usuario con contador antiguo) y contra la Ley de Defensa del Consumidor, que establece el derecho del ciudadano a conocer de antemano el precio de un servicio.

El RD, que entrará en vigor el 1 de abril aunque la aplicación efectiva de los precios horarios se demore un año o más, establece que al consumidor con contadores inteligentes se le aplicarán los precios horarios del mercado diario (pool) que se aplicarán a su consumo por horas. Los precios de este mercado se determinan en subastas por horas con un día de antelación, pero como estas cotizaciones deben ser sometidas a los ajustes reglamentarios, el usuario no podrá conocer el precio definitivo aunque tenga disponible el del pool el día antes.

Pero este sistema tendrá que esperar, pues el ministerio ha introducido cambios para salir del paso y no enturbiar las elecciones europeas y, quizá, las generales del año próximo. Tras la retórica de las nuevas disposiciones se esconde un aplazamiento del mecanismo (que figura en la adicional cuarta)hasta que el secretario de Estado de Energía publique una resolución con “el procedimiento de validación y cierres de los datos de los contadores con telegestión”, así como “los protocolos de intercambio de información” entre comercializadoras y distribuidoras para poder facturar y liquidar la energía”. Para ello, en el plazo de dos meses, la CNMC remitirá una propuesta a Industria que, sin fecha fija deberá aprobar la resolución.

El ministerio ha preferido ocultar los cambios del real decreto a ser acusado de plegarse a las presiones de las eléctricas

Una vez publicado, las empresas tendrán dos meses para programar los contadores digitales, según el plan de instalacién, que, como se ha señalado antes, no se modifican.

¿Y que precio se fijarámientras tanto? La cotización media del mercado diario que con los correspondientes ajustes proporcionará REE a las comercializadoras que se lo cobrarán a cada cliente según su periodo de facturación y su tarifa de acceso. Para aplicar estos precios provisionales en tanto se da luz verde al sistema por horas, el real decreto otorga una prórroga de dos meses desde su entrada en vigor el 1 de abril (las empresas aseguran que finalmente serán tres) periodo en el que se cobrará el precio intervenido por el Gobierno en enero para el primer trimestre (48,41 euros MWh) tras la anulación de la última Cesur de diciembre. Ya en julio se refacturarán con los datos de REE.

El respiro que el ministerio ha dado a las empresas se dejó notar el miércoles en la rueda de prensa de presentación de los resultados de Enel en Roma, donde el presidente de Endesa, Borja Prado, y el consejero delegado, Andrea Brentan, mostraron su satisfacción por “el diálogo” y la actitud abierta que habían apreciado en el ministerio “en las últimas semanas”. Brentan consideró que el problema de los precios estaba “en vías de solución” y que Industria estaba dispuesta a “simplificar el sistema”.

Con todo, el ministerio ha preferido ocultar los cambios de la nueva propuesta, pese a resultar razonables, antes de ser acusado de plegarse a las presiones de las eléctricas. Y aun insistían en subrayar el fin de semana, tras ser desvelados estos cambios por CincoDías, su intención de no renunciar a los precios horarios en lugar de aclarar a los sufridos consumidores las modificaciones y los precios que se les cobrará provisionalmente.

Hay quien considera que el borrador debería ser sometido al dictamen de la CNMC para atar algo más una norma que podría ser recurrida porque, efectivamente, sigue estableciendo unos precios horarios que las asociaciones de consumidores consideran ilegales.