Una fiscalidad que movilice la actividad
Era cierto. Los expertos fiscales de la comisión Lagares que han elaborado el informe propositivo para que el Gobierno haga la reforma fiscal “no han dejado títere con cabeza”. No hay impuesto que no se haya sometido al escáner intelectual de los expertos; no hay impuesto que no haya sido agitado y sobre el que no recaiga una batería de cambios, tanto en los tipos como en las bases imponibles; no hay impuesto del que no se cuestione su utilidad tributaria y su rol en la economía. Si el Gobierno aplica solo la mitad de las sugerencias en cada una de las figuras tributarias, ya podemos considerar integral la reforma fiscal. Veremos en junio hasta donde llega la cirugía. España necesita un modelo tributario diferente, o una manera diferente de gestionar el que hay para recuperar ingresos, o una redefinición del tamaño del Estado para acoplar los gastos a la verdadera capacidad económica. El Estado y los satélites administrativos (comunidades, ayuntamientos, diputaciones y cabildos) gastan hoy aún casi 70.000 millones más de los que ingresa, porque antes de que se desplomase la actividad inmobiliaria, habían acoplado sus mecanismos de gasto a los ingresos que generaba aquella como si fuesen para siempre. Pero no eran para siempre.
Con esta tesitura fiscal, el Estado no puede renunciar a ningún ingreso; más bien necesita más si no recorta el gasto público de manera radical, algo que no están dispuestos a hacer los políticos, y menos en la pendiente alegre de las elecciones generales en la que hemos entrado ya. Rajoy y su Gobierno juegan con fuego con la apuesta fiscal que tienen entre manos. No es fácil conjugar el control del déficit con una bajada de impuestos ya anunciada. Solo podrá hacerlo si compensa la pérdida en unas figuras con ganancias en otras. La batería de propuestas hechas por la comisión Lagares tiene la coherencia intelectual y el contrapeso suficiente para intentarlo.
Además de la suficiencia fiscal (los recursos necesarios para hacer frente a los gastos), el nuevo modelo tiene que incentivar la actividad, porque la economía española no se puede permitir jibarizaciones adicionales de su balance, y tiene en el crecimiento la única herramienta que con certeza genera más ingresos y menos gastos, siempre que se gestionan bien ambas variables, con impuestos justos y gastos justos.
Se antoja que únicamente un crecimiento razonable y con una elasticidad razonable en los impuestos puede el Estado volver a acercarse al equilibrio para restablecer sin dudas futuras una financiación adecuada que retroalimente el propio crecimiento. El puzzle para lograr tal cosa pasa por un impuesto sobre la renta que libere recursos para que los contribuyentes puedan disponer de más capacidad de consumo e inversión de forma permanente, condición sin la cual no recuperarán la confianza en la política económica y no soltarán el freno de mano de sus proyectos de vida. El IRPF (proponen cuatro tramos con un 50% como máximo, tendente al 44%, y un mínimo en torno al 20%) debe mantener su progresividad, pero en ningún caso estresarla hasta el punto de darle a Laffer la razón que siempre le ha asistido; y desde luego debe ser un impuesto sencillo, ligero de tramos, tal como proponen los sabios, y ágil de deducciones, algo en lo que las propuestas andan más alejadas, por mucho que quieran cerrar los agujeros que los gastos fiscales generan al presupuesto. Pasa también por librar recursos vía imposición directa en las empresas para su reinversión, algo cuestionable si a la bajada general de tipos se le añade el fin de las deducciones.
Y pasa por un trato estimulante del ahorro, aunque parece que las propuestas cargan la apuesta por el consumo para generar crecimiento en el medio plazo. El ahorro es la base para la inversión del futuro, y es de lo que la economía española está más necesitada que de otra cosa, pues es de las menos capitalizadas de Europa. Las propuestas caminan hacia un tipo único igual al umbral mínimo de renta del trabajo en el IRPF (ese 20%), que puede ser más incentivador que el mecanismo actual. Limita, eso sí, los beneficios al ahorro a largo plazo vía fondos de pensiones, lo que puede frenar la capitalización de la economía, y pone en igualdad de condiciones las cuentas de ahorro de periodos dilatados. En resumen, una magnífica piedra de toque para que el Gobierno decida.