Cambiar las cotizaciones sociales por un "impuesto sobre nóminas"
El documento de los expertos propone también cambiar totalmente el actual sistema de cotizaciones a la Seguridad Social. Para ello consideran necesario eliminar el actual sistema basado en aportaciones en función de la clasificación profesional y sustituirlo “por un auténtico impuesto sobre nóminas”.
En este sistema, el trabajador cotizaría por los rendimientos definidos conforme a lo que se establece a tales efectos en el IRPF. Esto debería ir acompañado de una "en la medida de lo posible" por reducción de los actuales tipos de cotización, sin que esto supusiera una pérdida recaudatoria. Asimismo creen conveniente reducir la presión de los tipos de cotización sobre el empleo de menor retribución y peor calidad.
Los expertos también indican que el Gobierno debería redistribuir la carga entre empresario y el trabajador, aumentando el peso de lo que pagan los asalariados al sistema y reduciendo la cuota empresarial, a cambio.
Finalmente, aconsejan "encomendar la gestión del nuevo sistema a una Administración unificada con la tributaria y con declaraciones y procedimientos comunes". Entienden, por tanto que "una vez unificada la base de gravamen en torno a los rendimientos efectivamente percibidos, podrían incluso integrarse sin grandes dificultades en el actual sistema de retenciones en la fuente del IRPF, con notables ahorros de costes para la Administracion y los afectados".
Devaluación fiscal
Pero esto sería solo un primer paso en el cambio del sistema, ya que en una segunda fase debería acometerse una devaluación fiscal: esto es rebajar las cuotas empresariales a cambio de un incremento del IVA.
Así, una vez hecha la transformación de las cotizaciones, los expertos creen que "debería procederse a una reducción de esas cotizaciones a cargo de las empresas, financiada con un incremento del IVA adicional al que plantean en este informe, de forma que se elimine el sesgo que existe actualmente en cuanto al peso relativo de las cotizaciones sociales respecto a la Unión Europea".
El presidente de la comisión de expertos, Manuel Lagares, ha explicado hoy que tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) como la Comisión Europea han recomendado "insistentemente" a España que acometa esta devaluación fiscal. Pero ¿cuándo se debería producir? Según Lagares hacerlo ahora, afectando a los ingresos del sistema cuando ya hay una reforma de pensiones en marcha "no parece lo más prudente". Por ello, aconseja "esperar a que se estabilizara esta reforma y luego, hacerlo; eso sería lo más honesto", ha indicado Lagares.
En definitiva, los expertos estiman necesario todo este cambio de modelo porque consideran las cotizaciones actuales como un "impuesto imperfecto sobre las nóminas que uede incidir muy negativamente en el nivel de empleo de la economía". De hecho, calculan que el sistema vigente encarece la creación de empleo, "abriendo la brecha existente entre el coste laboral, que es el que determina la demanda de trabajo, y el salario percibido, que es el que determina su oferta".
Propuestas para las pensiones
Hechas estas propuestas, los sabios fiscales entran también a valorar el sistema de pensiones y la financiación, en general, de las prestaciones sociales. De esta forma, afirman con "rotunda claridad" que las cotizaciones "no son necesariamente la única forma de financiar las prestaciones del Estado del Bienestar ni tampoco la más eficiente ni la más justa".
Y van más allá, al recomendar más retoques paramétricos del sistema público de pensiones en la línea con los que ya se han puesto en marcha. En concreto, recomiendan incrementar el número de años que se han de tener en cuenta para calcular las pensiones o, en general, por el aumento de la proporcionalidad entre als cotizaciones pagadas y las prestaciones recibidas.
Igualmente, aconsejan una relación más directa entre los límites máximo y mínimo de las bases de cotización y las cuantías de las pensiones máximas y mínimas. Por ello, añaden que en el caso de que el Gobierno decidiese disminuir esta proporcionalidad en el caso de las rentas altas -como viene haciendo el Ejecutivo en los últimos dos años con el incremento del 5% de las bases máximas-, se debería compensar con medidas adicionales de fomento del ahorro privado.