Para una reforma de la seguridad vial
Los medios de comunicación se han hecho eco estos días de las reformas modernizadoras que el Gobierno desea para la normativa de seguridad vial. Debemos alegrarnos de que estos temas ocupen cada vez más espacio dentro de la agenda informativa. A esta buena noticia también hemos ayudado el resto de los operadores del sector que trabajamos apoyando la seguridad vial, sin los que la Dirección General de Tráfico (DGT) o el activo Ministerio de Interior difícilmente podrían cumplir su tarea: asociaciones de conductores, de víctimas, sicólogos y, por supuesto, las autoescuelas. A las autoescuelas todos vamos a aprender a conducir y lo hacemos con valores de los que se beneficia la ciudadanía: seguridad y respeto a los demás y a unas reglas comunes. La autoescuela es una de las más valoradas instituciones formativas.
La Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) agrupa en 55 Asociaciones Provinciales 8.000 centros que emplean a 37.000 personas y también prestamos un servicio público gestionando los cursos de reeducación vial. La fecha es lejana, pero fue en 2005 cuando la CNAE ganó, en transparente competencia con otras organizaciones, el concurso de estos cursos. Los pliegos del concurso eran difíciles –cualquier proyecto para un mercado naciente lo es– y fue un problema encontrar las 200 autoescuelas que pudieran desarrollar el servicio al que obligaba la DGT: cada centro debía tener un profesor cualificado, un sicólogo y una víctima de accidente de tráfico que impartieran los cursos. Además, puesto que el servicio debía ser universal para todos los ciudadanos, incluyendo los discapacitados, cada centro tuvo que realizar –para cumplir esta y otras condiciones– una importante inversión inicial. Todo ello, sin apenas dar cursos durante al menos los tres primeros años, pues el carné por puntos acababa de nacer y no había suficientes alumnos.
La tarea sigue siendo hercúlea y a día de hoy de las 200 autoescuelas en toda España a las que limitaba el servicio de la propia Administración apenas una de cada cinco llegan a facturar 25.000 euros brutos anuales con la gestión de estos cursos. Con todo, el sector sigue cumpliendo su función social: apoyar la reeducación vial sosteniendo un sistema que sería difícil –quizá inasumible– de gestionar por el sector público.
La CNAE lleva tiempo animando a la DGT a modernizar un sistema que cuando echó a andar no sabíamos si funcionaría o no. A pesar que desde nuestra posición, ya sabemos que el sistema funciona con éxito –universidades, diversas asociaciones, infractores y la propia Administración lo han certificado como excelente–, creemos que debemos mejorarlo a través de la tramitación parlamentaria en curso estos días.
Es evidente que la economía española está eliminando restricciones a la libre competencia en muchos sectores y desde nuestra Confederación Nacional damos la bienvenida a este tipo de medidas que son lógicas en el ámbito de la Unión Europea. Sin embargo, cambiar de un régimen de concesión a uno de autorización previa no puede hacernos perder lo mucho que nos ha costado ganar en ocho años. Sería un grave error no mantener los pilares de un modelo de gestión de los mejores de Europa y sería una pena que la eficiencia de este sistema se debilitara por la precipitación. El sistema se debe mejorar. Se necesitan más autoescuelas de las 200 a las que el servicio está limitado actualmente, e incluso repartiendo mejor las zonas de la concesión. Pero es imprescindible que conservemos los factores que nos han llevado al éxito actual: garantizar un nivel de calidad controlable; que los infractores de avanzada edad, o que tengan dificultades de lectura comprensiva o que viven en lugares remotos en al ámbito rural no se vean discriminados por más exámenes o que tengan que pagar más; y, sobre todo, que la formación sea impartida exclusivamente por profesores de formación vial cualificados para desarrollar esta tarea y que estén acreditados por el propio sector, ayudados de sicólogos y víctimas.
En base a nuestra experiencia CNAE desea colaborar con la Administración, con todos los representantes políticos y con el resto de operadores del sistema, como ha hecho hasta ahora, en el desarrollo legislativo y reglamentario que conlleva la modernización de la Ley de Seguridad Vial para asegurar la calidad de la formación y seguir reduciendo la siniestralidad. Nada nos gustaría más que entre todos consigamos llevar adelante una reforma de calidad del sistema de seguridad vial.
José Miguel Baez es presidente de CNAE.