La Comisión Europea entra en vías de reestructuración
Este miércoles, la Comisión Europea publicará las “revisiones en profundidad” de los 16 países de la UE con mayores desequilibrios macroeconómicos, entre ellos, España. Y les cursará las habituales recetas de ajuste presupuestario y reformas estructurales. La escena se repite con frecuencia. Y amedida que atempera la crisis, cada vez llama menos la atención. En cambio, en las capitales europeas gana tracción el debate sobre la necesidad de reestructurar al reestructurador. Y en este caso, como sujeto paciente, Bruselas no muestra tanto entusiasmo con el proceso de reformas.
En total son unos 55.000 funcionarios (la mitad, en la Comisión Europea), repartidos entre una decena de instituciones y más de 40 agencias. Y el problema no estriba en la calidad del personal, sino en la organización de unos servicios en ocasiones superfluos y en otras redundantes. “Como presidente de la Comisión, cambiaré el método de trabajo”, prometió el sábado Martin Schulz, máximo aspirante a presidir todo ese entramado, tras ser proclamado en Roma candidato del Partido Socialista Europeo para las elecciones europeas de mayo.Solo unos días antes, Schulz aseguraba en una entrevista (con Reuters) que, si logra su objetivo, lo primero que hará será preguntar a cada funcionario si sus tareas se podrían realizar mejor en otro nivel administrativo. Se trata, una vez más, de atribuir las funciones administrativas al escalón burocrático (europeo, nacional, regional, local) donde se puedan llevar a cabo de manera más barata y eficaz.
La idea se ha planteado numerosas veces en Bruselas, con escasos resultados. Pero la reorganización parece ahora inevitable por tres razones: las estrecheces presupuestarias (por primera vez, la UE dispone demenos dinero que en ejercicios anteriores); la creciente demanda de algunos países (Reino Unido, Holanda) de renacionalizar competencias que no sean claramente supranacionales; y la necesidad de quitar argumentos a los movimientos políticos que acusan a Bruselas de entrometerse en la vida diaria de los ciudadanos. El actual presidente de la CE, José Manuel Barroso, también es consciente del problema. “Las leyes inútiles debilitan a las necesarias”, admitía, citando a Montesquieu, al recibir el Premio Carlos V en el monasterio de Yuste (Cáceres) el pasado mes de enero. Y el portugués reconocía que no todos los problemas requieren una solución europea.
Este mismo mes, los ministros de Economía y Finanzas (Ecofin) también le han leído la cartilla, una por una, a las decenas de agencias europeas, reprochándole a alguna (como la de energía atómica, Euratom) que sigan viviendo del presupuesto europeo; y a otras, que no sean del todo cuidadosas con la gestión de sus recursos. La línea política hacia una reorganización, por tanto, parece trazada. Pero su ejecución no será sencilla. Por lo pronto, parece imposible reducir el números de comisarios europeos (uno por país, 28 en total), cuya designación lleva aparejado un acompañamiento de personal y hasta toda una dirección general a su cargo con cientos de empleados. Ese formato hace, por ejemplo, que en el tema energético, donde la UE no tiene competencias plenas, haya hasta tres comisarios involucrados (Energía, Medio Ambiente y Clima) con 1.083 funcionarios en total.
Más factible parece la racionalización del reparto de personal. La actual secretaria general de la Comisión, Catherine Day, ya lo ha intentado. Y ha establecido pequeños grupos de funcionarios que pueden trasladarse a un departamento u otro en función de las necesidades surgidas (como ha ocurrido con la crisis financiera. Pero fuentes internas reconocen que ese sistema no ha sido del todo efectivo. Y que los recursos siguen bastante mal repartidos. En departamentos sin apenas competencias, como Educación o Empleo, figuran 586 y 457 personas en total, a pesar de que muchas de sus tareas se solapan con organismos como la OCDE. En cambio, un área como Competencia, donde la CE tiene poderes cuasi absolutos sobre las grandes fusiones o los carteles transfronterizos, solo cuenta con 729 funcionarios. Muchos de ellos, para colmo, dedicados a aplicar una anacrónica normativa sobre ayudas de Estado que les obliga a verificar subsidios regionalesmenores y sin ningún impacto en el mercado interior.