Chile se queda dos autopistas de Comsa tras su quiebra en el país
La filial chilena del grupo de infraestructuras quebró en 2013
El Ministerio de Obras Públicas chileno ha recuperado dos autopistas concedidas a la firma catalana de infraestructuras Comsa tras dos años de desencuentros. Se trata de la Ruta G-60 y de la G-66, adjudicadas en 2008 y básicas para el movimiento de la mercancía procedente de grandes extensiones agrícolas hacia los puertos de San Antonio y Valparaíso.
El Gobierno chileno se queja de un “incumplimiento grave” de las obligaciones acordadas por contrato, por lo que llevó a la concesionaria de la G-60 ante una Comisión Arbitral a la vista de que Comsa no había alcanzado el hito del 30% de avance en la obra al 14 de marzo de 2012. Ese órgano ha dictado sentencia a favor del Estado y el Ministerio de Obras Públicas dice estar en condiciones de licitar de nuevo la obra de la carretera que enlaza la localidad de Melipilla con el lago Rapel.
El proyecto llevaba aparejada una inversión de 43 millones de dólares e incluía la mejora y mantenimiento de la Ruta 60. Detrás del “total abandono” de la obra denunciado por el Ministerio está la quiebra de Comsa Chile, situación a la que llegó la filial del séptimo grupo español de infraestructuras en el primer trimestre de 2013, tras la denuncia por impago de varios proveedores.
Obligada por la banca a vender
Comsa Emte, uno de los diez primeros grupos de infraestructuras del país por ingresos, va a mantener en 2014 su programa de desinversiones tras el acuerdo de refinanciación alcanzado el pasado verano con la banca.
La compañía reestructuró 930 millones de deuda a través de un crédito con vencimiento a finales de 2016. Una de las condiciones era vender activos no estratégicos para enfocarse en infraestructuras e ingeniería.
A la reversión a la Administración de la autopista G-60 se suma la de la G-66, más conocida en el país andino como Camino de la Fruta. El problema en esta concesión está relacionado con sobrecostes derivados de la calificación ambiental del proyecto. La empresa trató de buscar una ampliación del marco del contrato que fue denegada por la Administración, lo que ha supuesto la resolución del contrato tras dictamen de la Comisión Conciliadora aceptada por ambas partes.
La inversión prevista en la G-66 era de 35 millones de dólares. La resolución no incluye indemnización a Comsa, pero la empresa recuperará lo invertido en la obra. El propio Gobierno ha reconocido que el proyecto no estaba “bien concebido” y vuelve ahora a estimar el tráfico para sacar de nuevo a concurso la autopista.
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