Gas Natural e Iberdrola firman el contrato de ingeniería del ATC
La unión temporal de empresas (UTE) formada por las filiales de ingeniería de Gas Natural Fenosa e Iberdrola se adjudicó el mes de marzo del año pasado dos de los contratos de ingeniería del Almacén Temporal Centralizado (ATC)de residuos radiactivos que construirá Enresa en el municipio conquense de Villar de Cañas por un valor de seis millones de euros.
Sin embargo, en el momento de la firma del contrato, prevista el 30 de abril, Enresa decidió suspender temporalmente la adjudicación después de “detectar defectos de forma en la presentación de las ofertas”, según fuentes empresariales. Estas aseguran que, por recomendación del abogado del Estado del Ministerio de Industria, se consideró conveniente pedir un dictamen al Consejo de Estado antes de la firma.
Este organismo no apreció problemas legales en el proceso de adjudicación y, finalmente, y pese a rumores de que las afectadas habían denunciado a Enresa, ambas compañías firmaron el contrato para realizar la ingeniería del módulo del almacén de bultos de residuos de media actividad, por un importe de 2,8 millones, y del almacén de espera de contenedores, por otros 3,2 millones.
La suspensión de la licitación se atribuyó a las pegas del Gobierno a adjudicar estos proyectos a Iberdrola Ingeniería, filial de Iberdrola en cuyo consejo se sienta Ignacio López del Hierro, marido de la presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal. Esta mantiene una estrecha relación con el presidente de Enresa, Francisco Gil-Ortega, exvicepresidente del Parlamento castellanomanchego y exalcalde de Ciudad Real.
Desmentido
Esta misma semana, la compañía pública ha negado a través de su web cualquier relación entre López del Hierro y la adjudicación al consorcio en el que participa Iberdrola Ingeniería. “Enresa desmiente rotundamente que D. Ignacio López del Hierro haya influido de ninguna de las maneras en las muchas y diferentes adjudicaciones relativas a los proyectos que Enresa tiene en marcha y que son aprobadas por comité correspondiente de la empresa”, señala.
Con todo, el contrato de la ingeniería principal se lo llevó, por un montante de 17,8 millones de euros, un consorcio formado por la estadounidense Westinghouse, Técnicas Reunidas y Ghesa. Los dos consorcios se presentaron a los tres concursos que se licitaron el 12 de septiembre de 2012.
Fuentes conocedoras del proceso aseguran que, en realidad, ya existía un compromiso previo para otorgar toda la ingeniería a este último grupo.
Sea como fuere, fuentes de la UTE de Iberdrola y Gas Natural afirman que ya llevan meses trabajando en el proyecto. El ATC tendrá una capacidad para albergar 6.700 toneladas de residuos y su inversión inicial es de 700 millones de euros.
El almacén tiene previsto empezar a funcionar en 2018, aunque todo apunta a que se producirán retrasos. El presidente de Enresa anunció el pasado día 27 el inicio de las obras para vallar las 54 hectáreas de terreno donde se construirá la instalación y negó que este tenga problemas de inundación.
Polémica por la ampliación de El Cabril
El reciente anuncio del presidente de Enresa, Francisco Gil-Ortega, de que la empresa pública va a duplicar la capacidad del almacén de residuos de baja y media intensidad de El Cabril, en Córdoba, se ha considerado un grave error estratégico. El pasado 30 de enero, Gil-Ortega aseguró, durante una comparecencia en el Foro de la Nueva Energía, la construcción de 28 nuevas celdas.
Según sus datos, las instalaciones cuentan con 50.000 metros cúbicos de capacidad, pero ya se encuentra ocupado el 70% de la misma, por lo que requiere espacio para almacenar 90.000 metros cúbicos de residuos en los próximos años.
La noticia ha puesto en guardia a los municipios afectados y otras organizaciones, a pesar de que el presidente de Enresa le quitó posteriormente hierro al asunto al afirmar que la construcción de las nuevas celdas solo supondrá una ampliación del volumen de residuos almacenados, pero no de la actividad radiológica de los mismos; que ya había avanzado el proyecto (que viene de la anterior etapa) el pasado mes de diciembre durante su comparecencia en el Congreso y que, en cualquier caso, “hasta el momento no se ha cumplimentado ningún trámite administrativo para la ampliación, ni con el Ministerio de Industria ni con la Junta de Andalucía ni con el Consejo de Seguridad Nuclear”.
Después del anuncio del presidente de Enresa, el Ayuntamiento de Hornachuelos manifestó en un comunicado que se opone a la ampliación de El Cabril. Hay quien interpreta que detrás de este anuncio se esconde la intención de este municipio de renegociar el convenio económico (de 6,6 millones en una década) con Enresa para lograr una mayor contraprestación.