El FROB encarga el análisis de 90 operaciones de la banca nacionalizada
En un comunicado, el organismo explica que en los últimos meses se han revisado múltiples operaciones realizadas en los últimos años que han tenido un impacto patrimonial significativo en las entidades nacionalizadas (atendiendo a conceptos como la cuenta de resultados, recursos propios o el volumen de negocio) y que presenten indicios de irregularidad o no respondan a una finalidad económica lógica.
Aunque el FROB no ha desvelado el nombre de las entidades en las que se llevarán a cabo los análisis, actualmente el Estado es el principal accionista de Bankia, CatalunyaBanc y BMN. En tanto que Novagalicia se ha adjudicado recientemente al venezolano Banesco.
El pasado 9 de mayo, el FROB ya aprobó la puesta en marcha de un protocolo de actuación previo al ejercicio de acciones judiciales, y meses más tarde, en septiembre, anunció que encargaría un análisis de todas aquellas operaciones supuestamente irregulares que se hayan podido llevar a cabo en las entidades nacionalizadas.
Para ello, el FROB activó un protocolo de detección de las operaciones realizadas en los últimos cinco años que podrían ser sospechosas.
En ese momento ya explicó que trabajaba con los servicios de auditoría interna de las cuatro entidades, y había remitió una carta a los presidentes de Bankia, CatalunyaBanc, Novagalicia y BMN para que iniciaran los trabajos de localización de estas operaciones.
A partir de ahí, la unidad de auditoría interna de las entidades ha elaborado un listado en detalle de esos movimientos, que ha pasado por la Comisión Rectora del FROB.
“Sin carácter limitativo”, ha asegurado el FROB, “se ha prestado especial atención a las operaciones de financiación y refinanciación para la adquisición de inmuebles y participaciones en sociedades; renegociaciones de préstamos con reducción de garantías, operaciones de cancelación de deudas o ventas de inmuebles adjudicados”.
También se han analizado operaciones de pago de comisiones, operaciones de inversión, operaciones de venta de inmuebles adjudicados, u aquellas que hayan dado lugar a importantes pérdidas, así como modificación de los contratos de directivos, entre otras.
Como consecuencia de la revisión de estas operaciones, la Comisión Rectora del FROB ha decidido poner en marcha el estudio “por terceros independientes” de 90 de esas operaciones para determinar eventuales responsabilidades de administradores y directivos, así como de terceros beneficiados por las mismas.
Hasta el momento, el FROB ha iniciado o se encuentra personado en diez causas penales, en las que se analizan e investigan presuntos delitos relacionados con operaciones de tráfico inmobiliario o con la retribución de exdirectivos de entidades que han recibido apoyo público.
El objeto de estas actuaciones, ha añadido el FROB, “no es sino el de reforzar aún más la participación del Fondo en la depuración de las responsabilidades y la asunción de las responsabilidades correspondientes por quienes participaron en su generación, minimizando en última instancia el coste para el erario público”.
El FROB ha explicado que como órgano encargado de la gestión de los procesos de reestructuración y resolución de las entidades, “ha de velar por el resarcimiento del daño causado por operaciones ejecutadas por antiguos gestores de una forma no ajustada a las normas que resulten aplicables”.
En concreto, “el FROB debe ejercer directa o indirectamente las acciones judiciales o extrajudiciales encaminadas a la consecución de este objetivo”, ha concluido.
