Así será la nueva central de compras del Estado
El proyecto prioriza la participación de pymes en los contratos.
Consciente de su delicada situación financiera, el Gobierno está inmerso en un laborioso proceso para detectar en qué partidas de gasto público puede obtener ahorros. El objetivo es reducir la abultada factura que deja la Administración del Estado en las cuentas públicas y para ello el instrumento elegido son las centrales de compra. Un mecanismo que ya fue utilizado por Reino Unido, en un proceso que se alargó durante ocho años, o en EEUUpara la centralización de las cuentas corrientes de todos los organismos públicos.
El Gobierno español, a través de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Pública, ha iniciado ese proceso con la creación de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, con coste cero ya que está conformada con personal del Ministerio de Hacienda y a partir de 2015 con efectivos de otros ministerios. Los primeros estudios han logrado detectar 14 servicios y suministros sobre los que se puede racionalizar la contratación y además obtener un ahorro. Se trata de combustibles de automoción, adquisición de motos, cuentas de tesorería, publicidad institucional, seguridad, adquisición de vehículos de turismo, suministro de energía eléctrica, comunicaciones, comunicaciones postales, limpieza, combustibles de edificios, agencias de viajes, mantenimiento integral de edificios y seguros de coches.
Combustibles
La compra de combustibles para la automoción representa un coste anual de 78 millones de euros para la Administración General del Estado. Los primeros análisis valoran en 6 millones el ahorro que se podría lograr en tres años si se consiguen descuentos similares a los que las petroleras aplican a grandes consumidores como los Ministerios de Interior y Defensa. Un cálculo conservador, puesto que el Ejecutivo calcula que por cada punto porcentual de descuento que logren por mayor demanda (a los contratos se podrán sumar autonomías, ayuntamientos y sociedades mercantiles) el ahorro adicional será de 4 millones de euros.
Motocicletas
El Consejo de Ministros ya ha dado el visto bueno para la renovación y posterior centralización del contrato para la adquisición de motos. Valorado inicialmente en 20 millones de euros, las primeras estimaciones apuntan a que se podría conseguir un ahorro de 3 millones de euros (un 15% del total) al reducir de 349 a 47 el número de motos ofertadas y al ofrecer la posibilidad a organismos públicos y ministerios de acudir a una segunda licitación en caso de que no se les garantice la oferta económicamente más ventajosa en la primera.
Cuentas de tesorería
La Administración General del Estado cuenta con 4.823 cuentas, de las que 423 están en el Banco de España, 3.163 en distintas entidades financieras españolas y las restantes 1.237 en el extranjero. Una dispersión que impide disponer de información conjunta de forma regular y que genera ineficiencia en la gestión de los saldos. El plan pasa por centralizar todas las cuentas corrientes en 2 0 3 entidades. Para ello se ha realizado una modificación en la Ley General Presupuestaria que habilita esa contratación centralizada. La gestión de todas esas cuentas comporta un gasto anual de 3.162 millones y las primeras estimaciones de la CORA apuntan a un ahorro agregado en tres años de 321 millones, repartidos en 107 millones anuales.
Pymes
Las tres centrales de compras citadas con anterioridad son las que están más avanzadas;las once restantes están aún en fase de diseño. El elemento común en todas ellas es el de garantizar que las pymes puedan acceder a esos contratos. Para ello todos los que se liciten tendrán que establecer una ponderación de los criterios de valoración de las ofertas (características técnicas, precio o cobertura territorial) que permita a las pymes optar a su futura adjudicación. El Ejecutivo también velará porque los contratos puedan ser troceados, siempre que resulte posible, por lotes o por territorios, de tal modo que el volumen a contratar no suponga un obstáculo para que una pequeña o mediana empresa pueda participar en igualdad de condiciones. Otras dos salvedades que posiblemente se incluirán en los pliegos de licitación de esos contratos centralizados será la inclusión de cláusulas que bonifiquen a la adjudicataria para que a su vez subcontrate a empresas de tamaño más reducido y la posibilidad de adjudicar contratos a uniones temporales de empresas (UTES).
En otros casos, sin embargo, se producirán adjudicaciones a través de procedimiento abierto en función de las características del suministro o de la estructura del mercado. Para velar que no haya abusos, todos los expedientes que surjan de las licitaciones serán sometidos a informe por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y también por parte de los Ministerios si resulta oportuno. Así se ha hecho, por ejemplo, en el caso de la compra centralizada de vehículos, motos y electricidad, para la que se hizo una consulta previa al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, o en el de las comunicaciones postales, donde también se ha consultado a los técnicos del Ministerio de Fomento.
Vehículos
El Gobierno ya ha distribuido un borrador del pliego de licitaciones entre los distintos Ministerios afectados y mantuvo una reunión el pasado 30 de enero con 25 representantes de los fabricantes y portavoces de las patronales Anfac y Aniacam. En el borrador se establece que los contratos centralizadas en este ámbito tendrán una duración inicial de dos años, prorrogable otros dos años, con un valor estimado de 90 millones.
Energía eléctrica
También está muy avanzado el contrato de suministro de energía eléctrica, en el que ya se ha redactado un borrador inicial de acuerdo marco, que debe ser corroborado por el Consejo de Ministros. Un ámbito en el que se pueden lograr importantes ahorros por el elevado tamaño. Sin contar las empresas públicas, la Administración General del Estado cuenta con 350 contratos ligados a la compra de la energía por un importe de 300 millones de euros al año. Los organismos públicos y los distintos departamentos ministeriales tienen contratados más de 15.000 puntos. Un tamaño lo suficientemente importante que obligará con toda seguridad a dividir al menos en dos fases la centralización de contratos. De este modo, en una primera fase, se unificarían aquellos susceptibles de ser renovados en los Ministerios y en una segunda se procedería a la centralización de los contratos en vigor en los distintos organismos públicos. En cualquier caso, el Gobierno prevé que la gran mayoría de contratos de las 14 centrales de compra se adjudiquen en el segundo semestre de este año y que puedan entrar en vigor en la primera mitad de 2015.
Limpieza
Aunque el borrador del contrato marco aún no está redactado, el Gobierno ya baraja algunas cifras que revelan el importante ahorro que se puede obtener con la unificación de los contratos. Un buen ejemplo se produce en Madrid, donde la centralización afectaría a 190 contratos correspondientes a su vez a 400 edificios. El coste de todos los contratos se eleva a 42 millones de euros al año.
Telecomunicaciones
En este apartado ya se ha aprobado la Orden Ministerial que dictamina la centralización en la contratación y el pliego técnico se encuentra en pleno proceso de elaboración. Las previsiones que maneja el Gobierno es que se pueda obtener un ahorro de entre un 10% y un 20% de lo que hoy en día gastan los distintos ministerios.
Seguridad
La unificación de contratos se llevaría en varias fases. En la primera, en la que estarían implicados cuatro ministerios (Hacienda y Administraciones Públicas, Justicia, Educación y Cultura y Medio Ambiente, Agricultura y Alimentación) se centralizarían 22 contratos ligados a 100 edificios, con un coste anual de 17 millones de euros.
Ahorro
Este proceso de unificación no es nuevo en la Administración General del Estado, tal y como admiten fuentes del Ejecutivo, que precisan que simplemente se va a acelerar y a generalizar a todos los organismos públicos. La CORA estima que ya se habrían producido ahorros por la centralización de contratos cercanos a los 100 millones de euros. Gran parte de ese dinero procede del Ministerio de Defensa, con un 70% del total, gracias a la unificación de las compras que realiza en ámbiso como electricidad, limpieza, combustibles o agencias de viajes. Otro gran consumidor público de bienes y servicios es el Ministerio del Interior, que ha logrado ahorrar 7 millones (un 20% del total) con la compra centralizada de energía.
