Tribuna

Reforma fiscal por la competitividad

Parece que el objetivo principal de la reforma fiscal que el Gobierno está formalizando no es otro que equiparar el tipo nominal y el efectivo, simplificando el Impuesto de Sociedades con un objetivo recaudatorio. Actualmente la normativa de este impuesto sufre numerosos cambios y modificaciones que dificultan la planificación financiera.

Estas medidas se pondrían en práctica para el ejercicio fiscal 2015 y dependiendo del punto en que nos encontremos a nivel económico, se contemplará la bajada del tipo nominal del 30% al 25% en 2016 o 2017 (o incluso al 20%, como adelantan algunos foros).

Según lo que se ha podido desvelar hasta el momento, y en espera del informe definitivo del comité de expertos creado ah hoc liderado por el catedrático de Hacienda Pública Manuel Lagares, previsto para este mes de febrero, las líneas maestras de actuación serían las siguientes: lograr un sistema tributario más sencillo, de mayor simplicidad y que elimine todos los “parcheados”, o modificaciones constantes que dificultan la interpretación y planificación; garantizar la suficiencia de ingresos tributarios de forma que se ratifique el compromiso de consolidación asumido; obtener un sistema tributario que favorezca el desarrollo económico, garantice la unidad de mercado y neutralidad fiscal; y potenciar el desarrollo social con medidas que favorezcan a colectivos como familias, discapacitados o que estimulen el ahorro.

No dejan de ser objetivos y líneas de trabajo sumamente ambiciosos que pasan por una profunda reforma fiscal, reduciendo la tributación directa, aumentando las bases y rebajando tipos, y compensando las rebajas con aumentos en la tributación indirecta.

El propio Lagares se ha mostrado muy crítico con el global de deducciones e incentivos fiscales que incorpora la actual legislación del Impuesto de Sociedades. Esta opinión es compartida por Hacienda, que ya ha eliminado gran parte de los beneficios fiscales de las grandes empresas.

¿Pero qué pasa con la I+D+i? La recientemente aprobada Ley de Emprendedores incorpora aspectos de gran calado relativos a la aplicación efectiva de créditos fiscales por actividades de I+D+i, independientemente de la suficiencia de cuota, o mejoras en el incentivo asociado a la cesión de activos intangibles (Patent Box). ¿En qué situación quedarán los incentivos a la I+D+i en el marco de la nueva reforma? El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, destacó en noviembre de 2013 los incentivos introducidos en la Ley de Emprendedores, claramente dirigidos a promover la I+D+i. Parece que la intención del Gobierno es seguir potenciando los instrumentos enfocados al cambio de modelo productivo, entre los que sin duda los incentivos referidos deben seguir siendo una de las piedras angulares. Cabe esperar por lo tanto que el Gobierno mantenga una política activa para fomentar la inversión, la creación de empleo y la I+D+i. Un estudio publicado por la CEOE en noviembre de 2013 desvela que el sector empresarial considera las deducciones por I+D+i como un incentivo que fomenta la contratación de personal cualificado, mejora la competitividad, acelera el lanzamiento de nuevos productos, evita la deslocalización y aumenta la actividad de I+D+i de las empresas nacionales y los centros de I+D+i localizados en España. Dentro del marco de deducciones globales, y de acuerdo con las estadísticas más recientes del Ministerio de Hacienda (relativas al ejercicio 2009), la deducción por inversiones y gastos en I+D+i ascendió a 327 millones de euros. El importe de la deducción aplicada en 2009 por dichos conceptos representó solo el 30,6% de la cantidad generada en el ejercicio, la cual ascendió a 1.067 millones de euros, quedando, por lo tanto, un importe pendiente de aplicación para periodos impositivos futuros por un total de 740 millones de euros. Estas cifras, no obstante, corresponden a un 2,4% del total de minoraciones de la cuota íntegra para el ejercicio fiscal 2009.

El marco actual de incentivos a la I+D+i en España continúa siendo uno de los mejores de Europa y se ha demostrado en base a diversos estudios del propio Ministerio de Economía y Competitividad, la efectividad y bondad de los mismos. El hecho diferencial con otros países de la UE, de incorporar la innovación tecnológica como concepto incentivable en dichas deducciones fiscales, permite asimismo ayudar a las empresas a innovar en sus productos y sus procesos, dotándolas de competitividad en el mercado, y capacitándolas para ser el motor del futuro de España, de manera que puedan dedicar recursos a la I+D+i.

María Corominas es directora general de F. Iniciativas.

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