Calcula entregar unas 2.000 casas para estos fines

Sareb negocia con la Generalitat de Cataluña ceder 600 viviendas para uso social

Anuncios de venta de viviendas.
Anuncios de venta de viviendas. EFE

En la comisión de investigación del Parlamento catalán sobre las posibles responsabilidades derivadas de la actuación de las entidades financieras y la posible vulneración de los derechos de los consumidores, ha señalado que esta cifra es superior en proporción al peso de Cataluña en el total de activos de la Sareb.

Y es que la Sareb calcula una cesión de 2.000 viviendas para uso social, de un total de un parque gestionado y de volumen de ventas en el que Cataluña tiene un peso de alrededor del 20%: “Somos conscientes del drama que viven muchas familias”, aunque ha matizado que la obligación legal del denominado 'banco malo' no es social, sino dar salida a los activos en gestión con el mínimo coste para el contribuyente.

Romana ha añadido que, en su primer año de vida, la Sareb ha firmado 130 refinanciaciones con empresas en Cataluña, y ha autorizado 200 disposiciones de crédito; y es que el 80% de la cartera que gestiona son productos financieros con colateral inmobiliario, ha apuntado.

En el conjunto de España ha vendido más de 9.000 unidades y obtenido unos ingresos de más de 3.500 millones en 2013 --“siguiendo los principios de integridad, transparencia y compromiso cívico“--, en línea con sus objetivos marcados, y ha destacado que han conseguido vender diversas carteras a inversores internacionales.

Casos conflictivos

Preguntada por la información publicada este lunes por 'ABC' sobre 300 particulares que habían reservado pisos de la Sareb que han sido vendidos a grupos inversores internacionales -que prevén anular la reserva y devolverles el dinero-, ha señalado que la entidad tomará “todas las medidas” para preservar sus derechos.

“Nuestro objetivo es maximizar el acceso de los inversores, y también los particulares, a nuestros activos”, ha remachado.

En relación al bloque bajo su gestión que fue ocupado ilegalmente durante meses en Salt (Girona) por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y sobre el que la UE paralizó un tiempo el desahucio hasta que no quedase claro el futuro de las familias, ha argumentado: “Siempre que haya vulneración de la legalidad, nuestra obligación es ponerlo en conocimiento de las autoridades judiciales, que tomarán las decisiones que correspondan; ese es el papel que hemos de jugar”.

 

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