Fomento restará las expropiaciones del coste de liquidación de las autopistas
La ministra Ana Pastor explica que se trata de no pagar dos veces la compra de suelo
El Ministerio de Fomento empieza a tomar medidas para aligerar su responsabilidad ante la posible liquidación de autopistas de peaje quebradas. El departamento que dirige Ana Pastor ha aprobado hoy una reducción de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) en aquellas concesiones en que Fomento se vea obligado por los tribunales a pagar expropiaciones por la insolvencia de las propias concesionarias. La ministra Ana Pastor ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se trata de no pagar dos veces la compra de suelo.
El de los sobreprecios por las expropiaciones ha sido uno de los graves problemas que han llevado a una decena de autopistas al concurso de acreedores. Los propietarios de los terrenos fueron ante la justicia y ganaron justiprecios que multiplicaban los costes inicialmente previstos. Fuentes cercanas a las concesionarias comentan que más de 1.000 millones de euros en expropiaciones están aún por pagar en un momento en que las operadoras de las autopistas afrontan complejos concursos de acreedores.
La RPA es un derecho de cobro en caso de liquidación de los contratos concesionales. Los beneficiarios son los accionistas de las concesionarias, pero pignoraron la propia RPA como garantía para levantar los créditos que sirvieron para construir las carreteras. Por tanto, los destinatarios finales de la RPA son la treintena de bancos que financiaron los proyectos. Entre ellos figuran los seis grandes españoles: Santander, BBVA, La Caixa, Bankia, Popular y Sabadell.
La responsabilidad de Fomento en caso de liquidación de las nueve autopistas en crisis supera con creces los 4.000 millones de euros. Al recorte de las expropiaciones, adelantado por Cinco Días, podrían sumarse en las próximas semanas nuevos tijeretazos. Fuentes de la máxima solvencia aseguran que el Gobierno también se plantea restar a la RPA los créditos participativos y cuentas de compensación entregados a las operadoras de las autopistas para afrontar los pagos de las expropiaciones y la falta de tráfico. Ambos problemas rompieron en el arranque de la crisis el equilibrio económico-financiero de las concesiones.
Con estas decisiones, el Gobierno afrontaría una factura de menos de 2.000 millones si las nueve autopistas acaban en liquidación. Los concursos de acreedores van a avanzando hacia la fase de convenio, en la que se darán propuestas difícilmente aceptables por la banca.
Entretanto, Fomento ha planteado a Hacienda y a la Comisión Europea un plan de nacionalización de esas autopistas, por el que el Estado se quedaría con el 80% del capital y repartiría el 20% restante entre los actuales accionistas. La clave está en que el rescate no constituya una ayuda de Estado prohibida por la regulación comunitaria y que la deuda de las autopistas no compute como déficit público. Si alguna de esas dos circunstancias llega a producirse, sería complicado salvar de la liquidación a las autopistas, se activarían las RPA y Fomento pagaría un factura a la banca bastante menor tras la decisión de hoy.
Un problema para la banca
Un tijeretazo drástico en la RPA tendría como gran perjudicada a la banca acreedora. Más de una treintena de entidades, encabezadas por Santander, BBVA, Bankia, La Caixa, Sabadell y Popular, financiaron las nueve autopistas que llaman a la puerta del rescate. Sus accionistas levantaron esos créditos poniendo la RPA como garantía. Hasta ahora los financiadores respiraban con tranquilidad a sabiendas de que, en última instancia, recuperarían sus préstamos con el pago de la Administración.
En el capital de las concesionarias figuran firmas como Sacyr, Ferrovial, Abertis, Isolux, ACS u OHL. Las autopistas por nacionalizar son la M-12 (Eje Aeropuerto de Barajas), Henarsa (Radial 2), accesos de Madrid (Radiales 3 y 5), Autopista Madrid-Sur (Radial 4), Madrid-Levante (AP-36, Ocaña-La Roda), Aucosta (Cartagena-Vera), AP-41 (Madrid-Toledo) y Ciralsa (circunvalación de Alicante). Aún existen dudas sobre si entra o no entra en el paquete Ausur (Alicante-Cartagena). Su primer accionista, Ploder, trata de refinanciar con la banca y eludir el rescate. El plan de Fomento es quedarse un 80% del capital de la futura Empresa Nacional de Autopistas, por un 20% que se dejaría en manos de los accionistas.
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